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El TC suspende el 40% de la ley gallega de litoral tras admitir el recurso del Gobierno

El TC suspende el 40% de la ley gallega de litoral tras admitir el recurso del Gobierno

El Tribunal Constitucional (TC) ha admitido a trámite el recurso del Gobierno contra la Ley 4/2023, de 6 de julio, de ordenación y gestión integrada del litoral de Galicia, al tiempo que ha suspendido parcialmente su aplicación, según ha informado este lunes la corte de garantías.

La nueva ley del litoral en Galicia fue aprobada por el Parlamento con el apoyo del Partido Popular y la abstención del Bloque Nacionalista Galego y el Partido Socialista de Galicia. Sin embargo, el Gobierno central considera que la ley invade competencias estatales y ha presentado un recurso ante el Tribunal Constitucional.

El recurso impugna hasta 31 artículos de la ley, lo cual representa un 40% de la misma. El Gobierno sostiene que la ley gallega se apropia de competencias exclusivas del Estado en la regulación del dominio público marítimo terrestre, invade el mar territorial sin justificación y reduce la protección de los terrenos contiguos a la ribera del mar. Además, se atribuye competencias que no estaban previstas en su Estatuto de Autonomía.

El Tribunal Constitucional estudiará ahora el fondo del asunto y ha suspendido la vigencia y aplicación de los preceptos impugnados hasta que se resuelva el recurso. Esta decisión se basa en el artículo 161.2 de la Constitución, que establece que las impugnaciones del Gobierno pueden quedar en suspenso si así se solicita. El Gobierno ha recurrido varios apartados de los artículos de la ley gallega relacionados con el régimen jurídico del dominio público marítimo terrestre, las limitaciones de la propiedad en la ribera del mar, la gestión de los títulos de ocupación y la competencia estatal sobre la pesca en aguas exteriores.

Anteriormente, el Tribunal Constitucional ya había admitido a trámite un recurso del Gobierno contra algunos artículos de la ley de acompañamiento a los presupuestos de Galicia para 2023, suspendiendo dichos artículos relacionados con la normativa de costas.

El Gobierno argumenta que estos artículos podrían vulnerar las competencias del Estado en la regulación del dominio público marítimo terrestre y la protección del medio ambiente litoral.