24h Galicia.

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El sector pesquero solicita una pausa en la expansión de la energía eólica marina debido a preocupaciones por un decreto considerado inválido.

El sector pesquero solicita una pausa en la expansión de la energía eólica marina debido a preocupaciones por un decreto considerado inválido.

Un informe de profesores de la Universidade da Coruña (UDC) sostiene que el decreto que establece los Planes de Ordenación del Espacio Marítimo (POEM) "no respeta ni cumple" el marco europeo, considerándolo "nulo" y "arbitrario". Además, se pide una "moratoria" para la implantación de la eólica marina en el litoral Atlántico.

Los profesores de la UDC, en línea con las reivindicaciones de la Plataforma en Defensa de la Pesca y de los Ecosistemas Marinos, que ha presentado una demanda para anular dicho decreto, sugieren al Ministerio para la Transición Ecológica que retire este decreto, lo revise y establezca una moratoria en la zona noroatlántica. También han solicitado la apertura de una mesa de trabajo con representantes del sector pesquero y de la eólica marina.

La profesora de Derecho Administrativo de la UDC, Marta García, junto con el profesor Javier Sánz y representantes de la Plataforma, ha analizado el informe en el que se basa la demanda. Según Sánz, este Real Decreto presenta muchas deficiencias jurídicas y el presidente de la Plataforma, Basilio Otero, asegura que el informe es una herramienta para que el sector pueda defenderse de los abusos del Estado.

En palabras de Sánz, hay argumentos de sobra para cuestionar el decreto y resalta la necesidad de llegar a acuerdos entre el sector pesquero y el Estado. A su vez, denuncia que el Estado ha querido avanzar rápidamente, poniendo en peligro la pesca de bajura.

Por otro lado, la profesora Marta García expone que el decreto no cumple con los criterios establecidos en la directiva europea para la ordenación del espacio marino. Destaca que se deben tener en cuenta los intereses del sector pesquero, identificar los diferentes usos y actividades, establecer reglas jurídicas claras y zonificar todo ello para impulsar el desarrollo socioeconómico. Sin embargo, asegura que ninguno de estos objetivos se cumple en el decreto.

En particular, García cuestiona que el sector pesquero no sea considerado una prioridad ni tenga un alto potencial, quedando subordinado a otros usos como la eólica marina. Además, afirma que el decreto carece de base legal, es arbitrario y viola el principio de igualdad.

Finalmente, señala que los mismos argumentos que se utilizaron para eliminar algunas áreas de eólica marina en el Mediterráneo y en Andalucía no se aplican a la zona del Atlántico afectada. Considera que falta sentido común y que hay muchas decisiones no justificadas.