24h Galicia.

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El sector de las energías limpias denuncia obstáculos legales y reclama diálogo con autoridades.

El sector de las energías limpias denuncia obstáculos legales y reclama diálogo con autoridades.

En Santiago de Compostela, la Mesa para el Desarrollo Renovable e Industrial de Galicia ha acordado solicitar reuniones urgentes con el presidente de la Xunta en funciones, Alfonso Rueda, y el delegado del Gobierno, Pedro Blanco. También buscan reunirse con los portavoces de Industria de los grupos parlamentarios para discutir formas de avanzar en el desarrollo de energías renovables. Esto surge a raíz de decisiones judiciales que han paralizado por completo los proyectos renovables en Galicia.

La Mesa está integrada por la Asociación Eólica de Galicia, la Asociación Gallega del Hidrógeno, la Asociación de Industrias del Metal y Tecnologías Asociadas de Galicia, entre otros. Cuestiona la incertidumbre y falta de seguridad jurídica que enfrentan los proyectos industriales debido a la judicialización masiva. Se critica que incluso proyectos con declaración de impacto ambiental estén siendo cuestionados de manera aleatoria por ciertas plataformas en contra de su implantación en Galicia.

Desde la Mesa se argumenta que todos los proyectos que han obtenido DIA favorable están siendo recurridos, lo cual plantea dudas sobre si estos incumplen normativas ambientales o si los estudios realizados son erróneos. Se destaca la falta de consideración hacia los informes del funcionariado en los procedimientos judiciales, mientras se toman en cuenta informes particulares de asociaciones sin rigurosidad.

Se señala que el TSXG ha paralizado alrededor de 20 parques eólicos, generando un impacto importante en el sector por al menos dos años. La decisión de elevar una consulta perjudicial al Tribunal Europeo representa un revés a pesar de la sentencia del Tribunal Supremo que respaldó la forma en que se otorgaron los proyectos en disputa.

La Mesa informa que unos 70 proyectos eólicos se ven afectados por esta situación de judicialización, lo que representa una inversión de unos 4.200 millones de euros y la pérdida de más de 4.000 empleos. Este impacto no solo afecta a la economía, sino también a la dinamización de zonas rurales en Galicia.