La última sesión del pleno de la Diputación de Lugo se caracterizó por su tensión, evidenciando divisiones profundas dentro del PSdeG, que se vio incapaz de lograr la aprobación de una significativa gestión para la residencia de mayores de Becerreá, así como el resto de las iniciativas presentadas por el grupo socialista.

La falta de asistencia de tres diputados socialistas, quienes fueron figuras clave en una candidatura alternativa a José Tomé durante las primarias del partido, resultó determinante en el desenlace de la votación. Iván Castro, José María Arias y Marisol Morandeira fueron los ausentes en este crucial encuentro, lo que dejó al equipo de Gobierno en una situación de debilidad.

A pesar de la aprobación unánime de la declaración institucional por el Día Internacional del Orgullo LGTBIQ+, la mayoría de los acuerdos solicitados no prosperaron. Esto incluyó la propuesta para definir la actividad económica y el régimen jurídico del Centro de Atención a Personas Mayores en Becerreá, un asunto que generó gran expectativa entre los asistentes al pleno. El Plan Económico fue aprobado, pero solo gracias a la abstención del Partido Popular.

Hasta el momento, los tres diputados socialistas ausentes no han emitido declaraciones sobre su decisión. Sin embargo, han anunciado que realizarán un comunicado para explicar su ausencia durante la tarde del mismo día. Por otro lado, tanto el presidente Tomé como la portavoz socialistas, Pilar García Porto, se han mantenido en silencio respecto a este episodio que pone de manifiesto las tensiones internas del partido desde las primarias.

Mientras tanto, el líder del PP, Antonio Ameijide, expresó su opinión sobre la crisis dentro del PSdeG, argumentando que el intento de reconciliar posiciones en el partido no ha sido efectivo. “Los ciudadanos están sufriendo las consecuencias de las disputas internas, lo que se traduce en un Gobierno débil y sin liderazgo efectivo”, añadió Ameijide.

Uno de los puntos clave del día fue la propuesta para cambiar el régimen jurídico de la nueva residencia de mayores en Becerreá, la cual no logró ser aprobada. El rechazo por parte del PP se hizo eco en una nueva manifestación de vecinos en las puertas del pleno, que se oponían a la medida.

Desde el PP argumentaron que esta iniciativa incurría en una desigualdad significativa, haciendo que los usuarios de Becerreá pagaran un 60% más que aquellos en otras residencias de la red provincial. Afirmaron que no podían respaldar una propuesta que crearía ciudadanos de "primera y segunda clase" y que ignoraba las 480 alegaciones presentadas por los vecinos.

Ameijide señaló que este proyecto refleja una clara tendencia hacia un modelo que prioriza la privatización, al mismo tiempo que los socialistas denunciaron el voto en contra como un intento de obstruir un servicio esencial para la zona rural.

Desde el PSdeG, se defendió que las acciones de la Diputación, que asume ciertas competencias que deberían corresponder a la Xunta de Galicia, buscan garantizar el bienestar de los mayores. La propuesta presentada contaba con el respaldo de informes técnicos y era considerada esencial para abrir el centro, generar empleo y ofrecer atención digna.

En contraste, el Partido Popular hizo suyas dos mociones durante la sesión, incluyendo una para instar al Gobierno de España a tomar acciones respecto al veto a la pesca de fondo, que fue apoyada por todos los grupos. También se aprobó una moción sobre la recuperación de las frecuencias ferroviarias, aunque esta sólo contó con el respaldo del PP y una abstención del BNG.

Ameijide interrogó a Tomé sobre la gestión de más de 1.000 millones de euros destinados a esta área, reafirmando la necesidad de claridad en el manejo financiero de la provincia. En cuanto a las mociones socialistas que no lograron debatirse, citó peticiones para que la Xunta asumiese la responsabilidad del personal sanitario en unidades de atención a drogodependientes, y medidas para la conservación de las pallozas de Piornedo, que fueron aprobadas con la abstención del PP.