SANTIAGO DE COMPOSTELA, 2 de febrero. Patricia Iglesias, representante del PSdeG en el Parlamento de Galicia y portavoz de Economía e Industria, ha lanzado una serie de propuestas que exigen a la Xunta un proceso de diálogo y colaboración con el sector eólico y los ayuntamientos. Su objetivo es promover medidas de apoyo e incentivos dirigidos a la renovación de los aerogeneradores en la región.

En un comunicado, Iglesias ha subrayado la preocupación que genera una reciente ley de acompañamiento, que prevé la necesidad de detener en los próximos ocho años casi la mitad de la capacidad eólica actual de Galicia para reemplazar estos dispositivos. La crítica se centra en las implicaciones que esta legislación podría tener sobre la estabilidad y el desarrollo del sector energético renovable en la comunidad autónoma.

La portavoz ha instado a la Xunta a establecer una nueva línea de ayudas públicas que utilice fondos propios para financiar programas de repotenciación que no solo contemplen la sustitución de los aerogeneradores, sino que también incluyan estrategias para gestionar y reciclar el total de residuos generados por dichos dispositivos al final de su vida útil.

Además, Iglesias ha solicitado que se definan claras fases, requisitos técnicos e incentivos en un plazo no mayor a un año, asegurando que el diseño de estas medidas cuente con la participación activa de todos los sectores involucrados, incluyendo gobiernos locales y comunidades afectadas.

La representante de los socialistas gallegos ha insistido en la necesidad de que la Xunta modifique su enfoque hacia la energía renovable, pidiendo que deje de ser un "elemento disuasorio" para el sector y, en cambio, acompañe las obligaciones establecidas en la nueva ley de acompañamiento de los presupuestos de 2025 con un respaldo decidido y efectivo al mismo.

El partido ha destacado que la ley de acompañamiento incluye la obligación de repotenciación para parques de más de 25 años, que representan 2.007 MW generados por 2.888 aerogeneradores distribuidos en 86 parques, lo que equivale a un 45% de la capacidad eólica en funcionamiento en Galicia.

“Aunque la medida deriva de la normativa comunitaria y presenta aspectos positivos, en Galicia se implementará de manera improvisada y sin un adecuado diálogo con el sector, los municipios y la ciudadanía”, ha argumentado Patricia Iglesias, enfatizando la urgencia de abordar estas cuestiones de forma colaborativa y proactiva.