El Parlamento de Galicia ha tomado una decisión unánime, apoyada por todos los grupos, para solicitar al Gobierno de España la creación de una base permanente de Vigilancia Aduanera en la ría de Camariñas, en la Costa da Morte, con el objetivo de intensificar la lucha contra el narcotráfico. Esta medida, impulsada por el Partido Popular de Galicia (PPdeG), busca modernizar y fortalecer los recursos de este servicio para hacer frente a las actividades ilícitas que se llevan a cabo en la región.

Además, la Cámara ha instado al Ejecutivo central a asegurar que el personal de Vigilancia Aduanera cuente con horarios operativos completos, evitando que limitaciones económicas o negativas a pagar horas extras pongan en riesgo las operaciones contra el tráfico de drogas. Se ha demandado una distribución proporcional de los recursos entre todas las comunidades autónomas para impedir que se favorezcan a ciertos territorios por razones poco claras.

Durante la sesión en la Comisión Institucional, la diputada del PP Paula Mouzo destacó la gravedad del problema del narcotráfico, que continúa creciendo en Galicia, y urgió a una respuesta decidida por parte de todos los actores involucrados. Afirmó que aunque la droga puede llegar a las costas de Camariñas, su influencia se extiende por toda la comunidad, lo que implica un reto de seguridad importante que requiere un aumento en los recursos para combatirla.

Patricia Iglesias, del PSdeG, utilizó la ocasión para recordar el oscuro pasado del expresidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, quien fue relacionado con figuras vinculadas al tráfico de drogas en momentos críticos para Galicia. Iglesias también hizo referencia al libro 'Fariña', que expone conexiones entre políticos históricos y el narcotráfico, señalando que el PP intenta eliminar esta parte de la historia gallega.

Óscar Insua, del BNG, también se unió a la discusión, mencionando fotografías que documentan la relación entre miembros del Partido Popular y el narcotráfico, sugiriendo que estos vínculos no deberían ser olvidados. Además, criticó un pasaje del argumento del PP que parecía responsabilizar a los pescadores locales por la situación del narcotráfico en la región, lo que consideró injusto y erróneo.

En respuesta, Mouzo acusó a la oposición de recurrir a anécdotas históricas sin relevancia actual. También se refirió a antiguos eventos políticos para señalar la hipocresía en el conocimiento de la historia del narcotráfico que no se ha abordado adecuadamente por parte de los críticos del PPdeG.

La Comisión también aprobó una propuesta del PPdeG para declarar como profesión de riesgo los trabajos de la Guardia Civil y la Policía Nacional, lo que incluiría la posibilidad de jubilación anticipada. Esta iniciativa busca, entre otras cosas, aumentar la dotación de personal en Galicia y modernizar el catálogo de puestos de trabajo de las fuerzas de seguridad.

Paula Prado, secretaria del PPdeG, subrayó que las agresiones contra agentes han alcanzado cifras récord, argumentando que la falta de reconocimiento oficial de su profesión como de riesgo ha contribuido a esta problemática. Indicó que, a pesar de las cifras de efectivos necesarios en Galicia, el Gobierno no ha hecho lo suficiente para abordar este vacío.

Iago Tabarés, del BNG, criticó esta propuesta, calificándola de actuación mediocre que busca manipular la opinión pública. Lamentó que no se considerara a los miembros de Vigilancia Aduanera en esta clasificación y cuestionó por qué la lucha contra el narcotráfico no se incluye entre las actividades consideradas de riesgo.

En el debate, Paloma Castro, del PSdeG, recordó que durante la administración de Mariano Rajoy se redujeron significativamente los efectivos en Galicia y criticó la falta de defensa previa de esta causa por parte del PP mientras estaban en el poder. Llamó a la atención sobre las condiciones difíciles a las que se enfrentan los agentes, especialmente en comparación con otros trabajadores que gozan de jubilaciones anticipadas.

Los populares, por su parte, rechazaron las propuestas de mejoras laborales para los forenses del Instituto de Medicina Legal de Galicia (Imelga) y las solicitudes para retornar los fondos que la Xunta no transfirió a los municipios en el último ejercicio fiscal. Insua, del BNG, argumentó que el Gobierno gallego había retenido fondos críticos para las administraciones locales, exacerbando su situación financiera.

En la sesión, se evidenció un descontento generalizado sobre la falta de atención a la situación laboral de los forenses que enfrentan condiciones de trabajo extremas y salarios inadecuados, lo que llevó a los diputados a demandar cambios urgentes en sus condiciones laborales. Sin embargo, la respuesta del grupo popular enfatizó que la Xunta había iniciado trabajos para abordar estas situaciones de manera más efectiva en el futuro, aunque admitieron que aún quedaba mucho por hacer.