VIGO, 20 Mar.

La Audiencia Provincial de Pontevedra ha decidido posponer el juicio contra 28 acusados por el contrabando de 3,8 toneladas de cocaína a bordo del buque MV Karar durante la pandemia de Covid. Esta medida se tomó debido a la ausencia de la abogada defensora del líder de la organización, J.C.S.N., y al hecho de que ni él ni otros seis acusados, representados por la misma abogada, se presentaron para la vista.

La sala acordó la suspensión del juicio, que se reanudará en las fechas previamente fijadas para el próximo mes, a partir del 17 de abril. La juez presidenta señaló que los siete acusados que no comparecieron injustificadamente serán citados de nuevo y advertidos de que, si vuelven a faltar sin motivo, "serán llevados por la fuerza pública".

Además, el tribunal decidió, siguiendo los argumentos de la Fiscalía, la Abogacía del Estado y el resto de las defensas presentes, que el juicio debe realizarse de forma conjunta para todos los procesados y que no procede un enjuiciamiento separado.

Durante la audiencia de este miércoles, comparecieron 21 de los acusados, de los cuales 16 permanecen en prisión preventiva. Entre los presos se encuentran 14 tripulantes del MV Karar, de Bangladesh y Nepal, un ciudadano colombiano y un gallego detenido por otra causa.

El 25 de abril se cumplirán cuatro años desde que los tripulantes del buque ingresaron en prisión preventiva, y la ley no permite superar ese plazo, por lo que es probable que sean puestos en libertad antes de que se dicte una sentencia por este caso.

Esta es la segunda vez que se pospone este juicio, que ya estaba programado para febrero y se retrasó "por diversas cuestiones, incluidos cambios de abogados", según informó el TSXG.

La Fiscalía acusa a los procesados de preparar, coordinar y transportar la droga incautada en un abordaje en altamar. Las fuerzas de seguridad detuvieron en abril de 2020 a los 15 tripulantes del MV Karar, así como a otras trece personas en tierra, incluido un funcionario de Vigilancia Aduanera y su esposa. El presunto líder de la organización, J.C.S.N., se dio a la fuga pero se entregó meses después para cumplir una condena de poco más de dos años de cárcel por revelación de secretos.

La Fiscalía imputa a todos los acusados un delito contra la salud pública en la modalidad de drogas que causan grave daño a la salud, con agravantes por el uso de embarcaciones y por tratarse de una red internacional, así como un delito de integración en organización criminal. Además, al matrimonio acusado se le imputa también un delito de blanqueo de capitales, y a un procesado al que se le encontró una pistola, se le acusa también de tenencia ilegal de armas.

Para el líder de la organización, se solicita una pena de 18 años y medio de prisión, junto con una multa de 438 millones de euros; mientras que para el resto de acusados se piden 13 años y medio de cárcel (dos años más para el investigado por tenencia de armas), y dos multas de 400 millones de euros.

En el caso del funcionario de Aduanas, la petición de pena se incrementa en otros 6 años por blanqueo, junto con dos penas de inhabilitación total por un período de 20 años; para su esposa, la Fiscalía también solicita prisión por blanqueo, por lo que ambos se enfrentan a un total de 19 años y medio de cárcel.