El Gobierno tiene hasta dos meses para explicar a Bruselas la prórroga de la AP-9 tras el segundo expediente.

El Gobierno ha solicitado dos meses más para justificar ante Bruselas la prórroga de la AP-9, luego de que la Comisión Europea abriese por segunda vez expedientes de infracción. Estos se deben al incumplimiento de la legislación comunitaria sobre contratación pública y la normativa sobre concesión de autopistas.

El plazo inicial para la respuesta del Ejecutivo español acababa el próximo lunes, pero se solicitó una prórroga de dos meses, concedida por las autoridades correspondientes.

Según fuentes del Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible, el Gobierno tiene ahora dos meses más para subsanar las deficiencias planteadas por la Comisión, evitando así posibles acciones legales en el Tribunal de Justicia de la Unión Europea.

La controversia en torno a la autopista AP-9 se centra en la prórroga de su concesión y su adaptación a la normativa europea. España, junto con Bulgaria y Rumanía, incumplió el plazo para incorporar normas que regulan contratos públicos y de concesión, lo cual afecta a la competencia entre empresas de la UE en licitaciones públicas.

Bruselas señala que la legislación española no respeta el ámbito de aplicación de la directiva en lo referente a poderes adjudicadores, contratos y modificaciones. Además, España enfrenta un segundo expediente por prorrogar concesiones de autopistas sin cumplir los procedimientos de licitación de la UE.

La asociación de consumidores En Colectivo denunció en 2019 el incumplimiento de la normativa de la UE por la prórroga y modificación del contrato de concesión de la autopista AP-9, llevando a la apertura de procedimientos de infracción. El Tribunal de Justicia de la UE considera que la prórroga equivale a una nueva concesión que requiere una nueva licitación.

En la denuncia se indicó que las prórrogas para la explotación de la autopista hasta 2023 y 2048 incumplen Directivas de la UE. En Colectivo pide la anulación de las prórrogas y la eliminación de los peajes en la AP-9, ya que afectan al comercio en la Eurorregión Galicia-Norte de Portugal al no haber alternativas.