Un reciente análisis revela una alarmante tendencia en el aumento de subsidios destinados a grandes empresas consumidoras de energía, muchas de las cuales están registradas como clientes de la consultora Equipo Económico.

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 22 de julio.

De acuerdo con un informe de la Dirección General de Policía de la Generalitat de Cataluña, que se encuentra en el marco del sumario del 'caso Montoro', se establece una conexión entre el crecimiento de las primas por el servicio de interrumpibilidad y las elecciones gallegas de 2012.

El documento, citado por Europa Press, examina las reformas legislativas que impactaron a las compañías eléctricas, destacando las complicaciones que surgieron durante el proceso de modificación de normas a lo largo de los acontecimientos investigados.

En relación con la Ley 15/2012, que introdujo medidas fiscales para promover la sostenibilidad energética, la Policía catalana advierte que la aprobación de esta normativa originó tensiones entre los Ministerios de Industria y Hacienda, al establecer, por primera vez, que parte del déficit tarifario generado por la producción eléctrica debería ser cubierto con fondos públicos.

Asimismo, se menciona que el proyecto de ley recibió muchas propuestas de veto y enmiendas, destacando especialmente las aportadas por el grupo Izquierda Plural, bajo la justificación de Laia Ortiz.

El informe recalca que este debate se desarrolló en plena campaña electoral para el Parlamento de Galicia en 2012, lo que añade un contexto significativo a las decisiones tomadas.

Se cita una intervención de Laia Ortiz que argumentaba que el incremento en las primas de interrumpibilidad tenía como finalidad compensar a la industria gallega.

El diario 'La Voz' había publicado que ocho grandes industrias gallegas, incluyendo Ferroatlántica, Megasa, SGL Carbón, y Alcoa, se beneficiaron de unos 50 millones de euros en primas por este servicio, según se recoge en el informe policial.

Además, el estudio indica que durante la discusión de esta ley se aprobaron enmiendas del grupo del PP y del PNV sobre tasas para la importación de electricidad desde Europa.

Diversos grupos políticos expresaron su preocupación, señalando que la reforma energética parecía haber sido transformada en una legislación al estilo de Montoro, enfocándose más en la creación de nuevos impuestos. También se cuestionó el aumento en el tipo impositivo y los costos relacionados con el servicio de interrumpibilidad, culminando con la aprobación del texto por el Congreso de los Diputados el 2 de enero de 2013.

En el análisis, la Dirección General de Policía de la Generalitat expone el servicio de interrumpibilidad como un mecanismo de gestión de la demanda, necesario para garantizar la estabilidad del sistema eléctrico, conforme a criterios técnicos y económicos.

Al examinar otras reformas, como el Real Decreto Ley 9/2013, la diputada Teresa Jorda i Roura lanzó críticas pidiendo una auditoría del déficit tarifario, señalando que los costos de interrumpibilidad beneficiaban a unas pocas empresas a expensas de los consumidores.

El informe también subraya que las críticas hacia la Ley 24/2013 se centraron en su retroactividad y en el incremento de fondos asignados a la interrumpibilidad, contradiciendo los esfuerzos previos del PP para solventar el déficit tarifario.

En este contexto, se destacó cómo senadores críticos mencionaron a la patronal UNESA y las investigaciones revelaron transacciones de esta organización hacia Equipo Económico, la consultora fundada por el exministro Montoro.

El informe también resalta un cambio de postura del Gobierno sobre las primas por interrumpibilidad, justo en medio de una crisis económica que requería un esfuerzo fiscal y limitaba el gasto público. A pesar de que la normativa preveía la innecesariedad de estos pagos durante la crisis, la Ley 15/2012 resultó en un aumento del 70% en dichas compensaciones, beneficiando nuevamente a grandes empresas del sector.

Es importante señalar que varias de estas grandes consumidoras de energía tienen vínculos como clientes con Equipo Económico, lo que plantea serias interrogantes sobre la transparencia y equidad de las políticas energéticas.