La situación del agro gallego se ha vuelto crítica tras la reciente evaluación llevada a cabo por la Fundación Galicia Europa, donde se ha revelado un impactante recorte de 480 millones de euros en los fondos destinados a este sector. Este ajuste, que se traduce en 80 millones de euros anuales, forma parte de la propuesta de la Comisión Europea para el nuevo marco financiero que abarcará desde 2028 hasta 2034 y fue discutido en la reunión del Consello de la Xunta.

El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, ha expresado su alarmante preocupación ante esta reducción, anunciada por la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, en la semana anterior. Rueda subraya la grave amenaza que implica la eliminación de una estructura específica para financiar y apoyar a los sectores primarios, considerados elementos esenciales para la modernización y sostenibilidad de las explotaciones agrícolas.

En su discurso, Rueda ha criticado abiertamente la intención de la Comisión de desmantelar el modelo tradicional de la Política Agraria Común (PAC), que históricamente ha operado sobre una base de dos pilares fundamentales: las ayudas directas a través del Fondo Europeo Agrícola Agrario (Feaga) y los programas de desarrollo rural a través del Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (Feader), fundamental para facilitar la entrada de nuevas generaciones al campo. Además, se suman recortes significativos en el Fondo Europeo Marítimo, de Pesca y Acuicultura (Fempa), así como en los fondos de cohesión.

La Xunta ha dejado claro que no se quedará de brazos cruzados frente a esta situación. Rueda ha afirmado que las consellerías de Medio Rural y Mar se reunirán con los actores del sector primario para comenzar a idear estrategias que mitiguen el daño de estos recortes.

Asimismo, el presidente gallego ha manifestado su oposición a una posible "recentralización" de los fondos, argumentando que el enfoque de distribución descentralizada ha demostrado su eficacia. "Regresar a un modelo centralizado en los Estados sería un retroceso que distintas regiones europeas estamos denunciando, y esperamos que no se convierta en realidad", subrayó.

Por último, Rueda ha hecho un llamado a la Comisión Europea para que reevalúe su postura y escuche las preocupaciones que se están expresando desde Galicia y otras regiones, con la esperanza de que se tomen en cuenta en la toma de decisiones futuras.