El BNG demanda la eliminación del decreto de plurilingüismo y más inversión para salvar el gallego en crisis.
En recientes declaraciones, la portavoz nacional del BNG, Ana Pontón, ha hecho un fuerte llamado a la acción política en favor de la lengua gallega, instando a triplicar los recursos destinados a su promoción. Este pedido surge tras un encuentro en A Coruña con la dirección de la Real Academia Galega (RAG), que ha coincidido en la necesidad de alcanzar un consenso político para abordar lo que se describe como una situación crítica para el idioma.
Acompañada por el presidente de la RAG, Víctor F. Freixanes, la portavoz del BNG subrayó la urgencia de aplicar un plan de normalización lingüística y derogar el polémico decreto de plurilingüismo. Según Pontón, las políticas del Partido Popular han creado un panorama alarmante para el gallego, lo que ha llevado a una creciente preocupación entre los hablantes de la lengua.
Pontón advirtió que, según el último informe del Instituto Galego de Estatística (IGE), el 52% de los jóvenes educados bajo el decreto de plurilingüismo no utilizan el gallego, mientras que solo el 7% de los niños de entre 5 y 14 años hablan esta lengua, una cifra que representa una reducción significativa con respecto a 2018. Esta tendencia, que ella califica como "una tragedia", pone de manifiesto el retroceso del idioma en las nuevas generaciones.
La portavoz denunció que la política lingüística del PP ha propiciado un ambiente donde el gallego está en riesgo de convertirse en una lengua residual entre los más jóvenes. “Si esta tendencia continúa, en solo seis años podríamos ver un drástico decrecimiento de la lengua gallega”, afirmó, insistiendo en que este problema no se limita al gallego, sino que es parte de un fenómeno más amplio de monolingüismo que afecta gravemente la diversidad cultural de la comunidad.
Pontón también exigió que el gallego tenga los mismos derechos que disfrutan otras lenguas cooficiales en el ámbito educativo y social. Llamó a derogar el "decreto de la vergüenza", que, según su opinión, condiciona la educación de los niños gallegohablantes, obligándolos a salir de la escuela hablando principalmente en castellano. “Las leyes deben asegurar que el sistema educativo asuma un rol activo en la normalización del gallego”, recalcó.
En su intervención, la líder del BNG destacó la necesidad de implementar medidas urgentes, incluyendo un cronograma claro y la asignación de presupuestos que reflejen la gravedad de la situación. "Lo mínimo que se puede hacer en una crisis como esta es triplicar los recursos destinados a la lengua", dijo Pontón, sugiriendo que los medios de comunicación también desempeñen un papel fundamental al reforzar la programación en gallego en los canales autonómicos.
En su crítica al PP, Pontón no dudó en recordar que fue este partido quien rompió los acuerdos que, desde 2008, habían permitido un desarrollo positivo de la lengua gallega. “Estamos viviendo un ataque sistemático a nuestro idioma”, aseguró, denunciando las restricciones actuales que afectan la enseñanza de materias como matemáticas y física en gallego. También condenó la falta de apoyo del actual presidente de la Xunta, quien, según ella, ha demostrado una actitud hostil hacia la lengua.
Desde la RAG, el presidente Freixanes hizo un llamado a las fuerzas políticas para establecer un “marco de encuentro” que permita crear una nueva estrategia para abordar esta preocupante situación. Reiteró que la RAG ha presentado anteriormente estudios sobre sociolingüística para evaluar el estado del idioma, subrayando la importancia de una intervención urgente y coordinada entre los distintos actores políticos.
Freixanes recordó que el objetivo de la RAG es que las fuerzas políticas colaboren en torno a un patrimonio común, dejando de lado las diferencias ideológicas y enfocándose en la búsqueda de soluciones integradoras. También mencionó que están preparando un informe detallado sobre el estado del gallego, añadiendo que, lamentablemente, la situación no solo se mantiene, sino que tiende a empeorar, a pesar de la legislación existente y de los planes de normalización que no han sido implementados adecuadamente.
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