La Fiscalía ha solicitado una condena de cuatro años de prisión para tres personas acusadas de blanqueo de dinero presuntamente procedente del tráfico de drogas, además de una multa total que asciende a 200.000 euros por las cantidades de dinero que habrían intentado ocultar, las cuales habrían salido de España mediante envíos a la República Dominicana.

En el tribunal de la sección sexta de la Audiencia Provincial de A Coruña, ubicado en Santiago, se llevó a cabo hoy el juicio contra los tres encausados. La defensa argumentó que los ingresos de los acusados provenían de actividades legítimas, citando el trabajo en el ámbito de la prostitución de una de las mujeres procesadas y la operación de una hamburguesería en Santiago como fuentes de sus finanzas.

Por su parte, la Fiscalía sostiene que estos tres individuos, dos hombres y una mujer, están implicados en un esquema de blanqueo relacionado con el tráfico de drogas. Se ha establecido que el caso está vinculado a investigaciones más amplias sobre narcotráfico en la región, que incluyeron la entrada en un establecimiento de comida y registros en domicilios, además de la intervención de sus comunicaciones telefónicas.

Los acusados, un matrimonio dominicano, hicieron énfasis en que el dinero en cuestión era producto de los ingresos de la mujer, quien afirmaron ganaba "hasta 8.000 euros al mes" como trabajadora sexual. Revelaron que las remesas de dinero eran para ayudar a familiares y amigos en la República Dominicana, señalando que no esperaban que sus actividades fueran vistas como ilegales.

El otro individuo acusado, nacional español, explicó que realizaba los envíos por amistad con uno de los encausados, negando cualquier intercambio de dinero o drogas. Afirmó que, debido a un límite en las transferencias monetarias, lo ayudaron a realizar envíos de mayores cantidades de dinero, y que nunca habría tomado esa decisión de haber sabido que la situación podría volverse un problema legal.

A pesar de estas defensas, el fiscal ha presentado evidencias que sugieren que el gerente de la hamburguesería pudo haber utilizado su negocio y su domicilio para llevar a cabo transacciones de drogas, señalando detalles de mensajes interceptados que hacen referencia a la compra de sustancias ilícitas.

Durante el juicio, un agente de policía involucrado en la investigación también dio testimonio. Informó que el gerente había sido arrestado en un operativo antidrogas y que su local mostraba actividad sospechosa, siendo este un sitio donde apenas había clientela. Además, indicó que no había evidencia que confirmara que la mujer trabajaba como prostituta en el club mencionado, ya que no se observaron registros al respecto.

La defensa ha presentado testigos, tanto excompañeros de la acusada en el club de alterne como empleados del restaurante, para respaldar su versión sobre el funcionamiento del establecimiento. Después de escuchar tanto las acusaciones como las defensas, el tribunal ha dejado el caso visto para sentencia.