La situación en Galicia, en medio de una alarmante ola de incendios, ha llevado a la CIG, el principal sindicato gallego, a exigir responsabilidades a la Xunta por su gestión del sistema de extinción de fuegos. Según la organización, la estrategia adoptada es "improvisada y desarticulada", lo que se traduce en un aumento significativo de accidentes entre los brigadistas y, en consecuencia, en un inminente riesgo para la seguridad pública.

El sindicato critica la preferencia del Gobierno gallego por un modelo de brigadas municipales no profesionales, recordando el reciente incidente en Oímbra, donde tres brigadistas sufrieron quemaduras. La CIG enfatiza que estas brigadas, que dependen de la gestión local, comenzaron su labor hace poco tiempo, lo que plantea serias dudas sobre su preparación y experiencia.

Entre las deficiencias del actual sistema, la CIG señala que hasta la fecha han sido necesarios 14 llamamientos para cubrir más de 550 puestos, la mayoría a mediados de julio, lo que indica una falta crítica de personal cualificado. El sindicato subraya que los exámenes de aptitud física y visual se llevaron a cabo entre el 21 y el 23 de julio, resultando en que muchos de los brigadistas desplegados en el terreno tienen solo días de experiencia y no han recibido una formación adecuada.

Zeltia Burgos, representante de CIG-Administración Autonómica, destaca las desigualdades salariales y laborales dentro del personal, evidenciando una sobrecarga que implica jornadas de trabajo prolongadas. Esta situación podría llevar a un mayor desgaste físico y psicológico, aumentando el riesgo de accidentes entre los brigadistas.

La CIG también critica la falta de cobertura durante las vacaciones y las ausencias en el personal, lo que deja a las brigadas en una situación vulnerable. Según el sindicato, esta falta de personal implica una considerable reducción en la capacidad de respuesta ante incendios, lo que podría interpretarse como un abandono por parte de la Xunta.

Además, denuncian que los brigadistas no están recibiendo el avituallamiento ni el agua necesarios para realizar su trabajo en condiciones seguras, poniendo de manifiesto una alarmante falta de control en la logística de apoyo a quienes combaten los incendios. También hay un déficit en la reposición de equipos de protección individual, lo cual es fundamental para garantizar su seguridad ante el riesgo de quemaduras y otros accidentes.

A raíz de esta situación, la CIG ha anunciado que intensificará sus acciones y denunciará cualquier incumplimiento de las normativas de seguridad, pidiendo, además, que se realicen investigaciones sobre cada accidente laboral. La organización espera que estas acciones lleven a una mayor rendición de cuentas por parte del Gobierno de Alfonso Rueda.

En paralelo, Comisións Obreiras ha solicitado una reunión con la conselleira do Medio Rural, María José Gómez, para evaluar las fallas y limitaciones del dispositivo de lucha contra incendios en Galicia. Desde la perspectiva de CC.OO., aunque el momento no es propicio para señalar errores específicos, reconocen la urgencia de cubrir todas las plazas del operativo antes de que inicie la campaña al 100% y expresan su solidaridad con los brigadistas y afectados.

Por su parte, el Sindicato Labrego Galego ha hecho eco de la crisis que se vive en el rural gallego, acusando al Gobierno autonómico de inacción y abandono. Amigas da Terra, en respuesta a la crisis de incendios, ha pedido la creación de una mesa de trabajo dedicada a abordar esta problemática en el Consello Forestal de Galicia.