La Confederación Intersindical Galega (CIG) está considerando solicitar la ejecución provisional de la sentencia que anula parte de un decreto de la Xunta de Galicia, por lo que consideran un "riesgo de irreversibilidad" en proyectos polémicos como la planta de Altri en Palas de Rei y la mina de Touro.

En un reciente pronunciamiento desde Santiago de Compostela, Paulo Carril, secretario xeral de la CIG, expresó su confianza en que la decisión del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) contribuya a paralizar la citada planta y resalte la importancia de la sentencia en otros proyectos en curso. Este fallo ha sido percibido como un "golpe fuerte" para el gobierno autonómico, que, según Carril, marcará un "antes y un después" en la política ambiental gallega.

La CIG, que ha sido la voz crítica en este asunto, sostiene que la Xunta ha estado privatizando el proceso de evaluación ambiental, un hecho que, según ellos, favorece intereses de empresas privadas en detrimento del bienestar general. En sus críticas, el integrante de la CIG, Alexandre Prieto, añadió que el gobierno regional ha estado "intimidando a funcionarios" y manipulando la centralización de los informes hacia la capital gallega.

La implicación de la anulación del decreto va más allá de la planta de Altri, afectando también a proyectos de energía renovable y minería. La CIG ha afirmado que el gobierno de la Xunta, que ya ha manifestado su intención de apelar la decisión judicial, se verá obligado a reevaluar los procesos iniciados desde 2023.

Además, la CIG ha hecho una demanda por la vía administrativa y ha prometido llevar el asunto nuevamente a los tribunales si no recibe respuesta en un plazo máximo de tres meses. Según la organización, el sistema actual está promoviendo que los funcionarios dejen de realizar su labor con imparcialidad, siendo reemplazados por firmas de empresas externas que no están al servicio del interés público.

La CIG souligne que al menos un informe relacionado con Altri, específico sobre la captación de aguas, fue redactado por una empresa privada, lo que refuerza las críticas sobre la falta de transparencia y posible manipulación en los procesos de evaluación. Carril, en tono irónico, sugirió que hay una limpieza de documentos en marcha para ocultar información comprometida.

Por otro lado, ante la posibilidad de daños irreversibles, la CIG está evaluando pedir medidas provisionales especificamente relacionadas con la mina de Touro. Asimismo, Xaquín Rubido, presidente de la plataforma en defensa de la ría de Arousa, celebró el fallo del TSXG, destacando la importancia de que se reconozca que las tramitaciones ambientales de la Xunta no cumplen con la normativa legal vigente.

Rubido instó al gobierno de Alfonso Rueda a detener urgentemente proyectos industriales que representan un riesgo para el medio ambiente y que pueden comprometer el futuro de sectores económicos esenciales en Galicia, como el primario.