En un desarrollo impactante en la lucha contra la violencia de género, la Policía Nacional de la República Dominicana logró detener a Miguel Ángel Wilson, un individuo de 32 años que había sido condenado en España por agredir sexualmente a una joven en Vigo y grabar el acto. Su captura se realizó tras un periodo de fuga, durante el cual había abandonado el país para eludir su condena.

Wilson recibió una sentencia de 11 años y medio de prisión por la Audiencia Provincial de Pontevedra, que lo halló culpable de agresión sexual y revelación de secretos. Ante su decisión de huir, este tribunal emitió una orden internacional de detención y extradición, reconociendo la gravedad de los delitos cometidos.

La intervención policial tuvo lugar en la localidad de San Pedro de Macorís, donde el fugitivo fue sorprendido mientras viajaba en un automóvil. Las autoridades dominicanas procedieron a su arresto y aseguraron que el detenido, junto con las pruebas recabadas, sería llevado a la sede de Interpol en Santo Domingo para continuar con los procedimientos judiciales pertinentes.

Este caso se suma a una serie de sentencias recientes en la que se han condenado a otros dos hombres a penas de diferentes magnitudes por el mismo delito. En mayo, la Audiencia redactó sentencias de 9 y 11 años y medio para estos hombres, quienes también agredieron y grabaron a la misma víctima en un domicilio de Vigo, evidenciando un patrón alarmante de violencia sexual en la región.

Ambos condenados enfrentan strictas restricciones, incluyendo una prohibición de aproximarse a la víctima y comunicarse con ella durante 18 años, así como un periodo de libertad vigilada que se extenderá por 5 años y una inhabilitación para trabajos que impliquen contacto con menores por 14 años. Además, deberán indemnizar a la víctima con un total de 17.000 euros, descontando los 7.500 euros ya consignados por uno de los sentenciados.

Un tercer sospechoso, propietario del inmueble donde tuvo lugar la agresión, fue absuelto de complicidad en la agresión al no haber suficientes elementos que lo vinculen con el crimen. Sin embargo, las circunstancias alrededor del caso plantean interrogantes sobre la responsabilidad de aquellos que se hallaron presentes durante el incidente.

De acuerdo con el relato de la sentencia, la víctima había conocido a sus agresores el mismo día del ataque, en un local del Arenal donde había asistido con amigas. Tras el cierre del establecimiento, el grupo se trasladó al hogar de un amigo de uno de los condenados, donde la situación se tornó violenta. A pesar de haber consentido previamente a tener relaciones sexuales con uno de los hombres, la joven se encontró en una situación de abuso cuando el segundo agresor irrumpió en la habitación.

El tribunal subrayó que, a pesar de los ruegos de la víctima para que detuvieran el ataque, los agresores ignoraron sus súplicas, convirtiendo la noche en una pesadilla. Uno de ellos, además, tomó un vídeo del acto, lo que agravó aún más la naturaleza del delito.

Las pruebas testimoniales presentadas durante el juicio, incluida la versión coherente de la víctima y la declaración de los agentes que respondieron a la emergencia, fueron fundamentales para la condena. Los jueces enfatizaron la importancia de la evaluación psicológica que corroboró el trauma sufrido por la víctima, resaltando la consistencia de su relato a lo largo de diversas declaraciones, reflejando la dureza de la experiencia vivida.