En Santiago de Compostela, el líder del PSdeG, José Ramón Gómez Besteiro, ha manifestado su creencia de que cualquier decisión sobre el estado de la autopista AP-9 inevitabilmente tendrá un impacto judicial, independientemente de las opiniones al respecto. Besteiro argumenta con firmeza en favor de avanzar hacia la eliminación de peajes, lo que consideraría un paso necesario y justo.

Al ser interrogado por los medios sobre el futuro inmediato del tema, especialmente ante el inminente plazo que tiene el Gobierno español para presentar la prórroga de la concesión de esta autopista al Tribunal de Justicia de la Unión Europea, Besteiro declaró que el camino que deben seguir es claro, ya sea de aceptar el dictamen de la Conferencia Europea o, en su defecto, judicializar la cuestión. Además, añadió que este proceso de judicialización podría ser impulsado incluso por la empresa que tiene la concesión.

Este pronunciamiento llega en un momento crítico, tras la orden que la Comisión Europea emitió en julio al Gobierno de España para que corrija las irregularidades relacionadas con la prórroga de peajes en las autopistas AP-66 y AP-9, lo que, según Bruselas, contraviene las normas de la Unión Europea en materia de contratación y concesiones. Si la situación no se resuelve antes del fin de plazo, se advierte que podría ser escalada al TJUE.

Durante su discurso, Besteiro criticó con vehemencia la "incoherencia y falta de integridad" del Partido Popular, recordando que bajo la dirección de José María Aznar y el respaldo de figuras como Mariano Rajoy y Alberto Núñez Feijóo, se impusieron peajes exorbitantes con vigencia hasta 2048.

El dirigente socialista enfatizó que el esfuerzo por establecer la gratuidad en el peaje es una cuestión de "sentido común y responsabilidad", instando a no desviarse de la senda hacia este objetivo que el PSOE ha promovido y que ha sido obstaculizada durante años por el PP.

Adicionalmente, Besteiro recordó que las primeras reducciones en peajes, que alcanzaron un 50%, fueron fruto de una decisión tomada por un socialista en solitario, dado que la propuesta no recibió el apoyo suficiente en ese momento. Este porcentaje se elevó posteriormente hasta el 75%, y ahora se aspiraría a lograr la gratuidad total "para 2026".

Finalmente, cerró su intervención destacando que los gobiernos socialistas están demostrando efectivamente su capacidad para gestionar políticas coherentes, a pesar de no contar con presupuestos aprobados, y que siguen respondiendo a las necesidades de la ciudadanía española.