En el marco del juicio que se celebra en la Audiencia Nacional, el inspector encargado de elaborar el informe inicial de la operación ha elogiado la figura de Sito Miñanco, describiéndolo como "un gran líder". Esta declaración se produce en un contexto donde se investiga el presunto delito de blanqueo de capitales relacionado con Carles Puigdemont.

Este lunes, la defensa del abogado Gonzalo Boye, que representa a Puigdemont, ha presentado un escrito ante el tribunal que argumenta en contra de las afirmaciones fiscales sobre una supuesta reunión el 14 de febrero de 2017. En este encuentro, estarían involucrados Miñanco, Boye y el encausado Pedro González Rubio, conocido como un posible 'correo humano' de la organización de Miñanco. Para respaldar estas afirmaciones, se han aportado registros migratorios que demuestran que González Rubio se encontraba en Colombia desde el 10 hasta el 21 de febrero de ese año, lo que invalidaría su presencia en Madrid en la fecha citada por la acusación.

Es importante señalar que Boye ha sido procesado por su presunta implicación en un intento de recuperar 889.620 euros que fueron incautados en el aeropuerto de Madrid Barajas en febrero de 2017. Según las pesquisas, los miembros del grupo delictivo habrían contactado con Boye y su colega, Jesús Morán Castro, para elaborar documentos que justificaran el origen del dinero. En este contexto, la fiscalía ha solicitado una pena de 9 años y 9 meses de prisión, además de una multa de 2,7 millones de euros por los delitos que se le imputan.

Durante la primera jornada del juicio, el tribunal, bajo la presidencia del magistrado Alfonso Guevara, rechazó suspender la vista a la espera de la liberación o extradición de uno de los acusados que se encuentra cumpliendo condena en Senegal. Asimismo, se decidió que todos los acusados, salvo uno debido a una prescripción médica, deben asistir a la audiencia, dado que se trata de delitos graves. Las nulidades solicitadas por la defensa de Boye sobre entradas y registros realizados en su despacho en 2019, así como documentos incautados, quedan pendientes de resolución.

En esta primera sesión del juicio, se escuchó también el testimonio del inspector cuya información condujo a la apertura del caso, donde se juzga a Sito Miñanco y casi 50 personas por delitos de tráfico de drogas, blanqueo y falsificación de documentos oficiales. El inspector recordó que la operación comenzó cuando los cuerpos de seguridad recibieron alertas sobre el regreso a la actividad del grupo de Miñanco, a pesar de que él se encontraba cumpliendo condena en régimen de tercer grado. Este regreso a la actividad se comprobó mediante diversos movimientos que indicaban que la organización estaba operando nuevamente.

Entre los detalles aportados, se destacó que Sito Miñanco solía sostener reuniones fuera de su lugar de residencia, a menudo con personas con antecedentes significativos. Esto llevó eventualmente a una operación policial en Marbella, una ciudad reconocida como un epicentro internacional del tráfico de drogas, donde Miñanco fue visto con frecuencia, lo que contribuyó a la intensificación de la investigación.

El inspector también subrayó que, aunque Miñanco estaba obligado a trabajar en un aparcamiento, realizaba desplazamientos regulares a Madrid. Se hizo hincapié en su tendencia a mantener un control meticuloso sobre todos los integrantes de su organización, describiéndolo como un líder tenaz y profesional que exigía responsabilidad de quienes trabajaban con él.

A lo largo de su declaración, el inspector proporcionó información sobre la estructura jerárquica del grupo delictivo y los roles específicos de algunos acusados, destacando a Luis Enrique García Arango como un lugarteniente clave de Miñanco. Además, se mencionaron importantes incautaciones de cocaína que la organización intentó introducir en España a través de operaciones marítimas y terrestres, evidenciando una compleja red de logística y financiamiento.

Entre los hallazgos curiosos de los registros realizados, se encontraron listas de matrículas de vehículos policiales en la residencia de Sito Miñanco, lo que plantea preguntas sobre sus prácticas de vigilancia. Antes del inicio del juicio, Boye llegó al tribunal con el apoyo de políticos de Junts, quienes sostuvieron que las acusaciones son un "montaje" con motivaciones políticas. Boye ha manifestado que se le acusa simplemente por ejercer su función como abogado y ha denunciado vulneraciones de su derecho a la defensa debido a los registros en su despacho.

El letrado enfatizó que la acusación se apoya en pruebas especulativas y testimonios de personas con antecedentes penales, lo que constituye una amenaza para un juicio justo. La defensa ha presentado pruebas objetivas y técnicas que, según Boye, refutan las acusaciones en su contra, creando un claro precedente en la lucha por el respeto al secreto profesional en el ejercicio del derecho.