El Juzgado de la Audiencia Nacional ha decidido archivar la causa presentada contra Alcoa Inespal y cuatro de sus representantes en relación con un caso que ha suscitado gran preocupación por las presuntas irregularidades en la venta de las plantas de aluminio ubicadas en A Coruña y Avilés. La jueza encargada del caso, María Tardón, ha propuesto llevar a juicio a ocho individuos relacionados con esta oscuridad financiera que, supuestamente, buscaba despojar a las fábricas de sus activos y dirigidos hacia patrimonios privados y estructuras diseñadas para el enriquecimiento personal.

En un auto emitido que concluye con la investigación preliminar, la magistrada ha constituido la base de unos hechos que podrían tipificarse como delitos serios, incluyendo apropiación indebida, administración desleal, blanqueo de capitales e incluso la pertenencia a una organización criminal. Esto ha generado un panorama inquietante en torno a las operaciones de la empresa.

La resolución, de la que ha informado Europa Press, da un paso atrás al acordar el sobreseimiento y archivo de la causa para Alcoa Inespal, así como para otros cuatro individuos; por el contrario, se mantiene la acción judicial contra un grupo que incluye a Víctor Rubén Doménech, Joachim Magim, y otros cinco, cuyas acciones han sido llevadas a un tribunal.

El origen de esta investigación puede rastrearse hasta una querella interpuesta por la Confederación de Cuadros Profesionales, que denunció las irregularidades realizadas durante la venta de las instalaciones de Alcoa en A Coruña y Avilés, en un momento crítico marcado por la complicada situación financiera de la empresa.

La transacción de las plantas se dividió en dos etapas. En la primera, el 31 de julio de 2019, se vendieron por un precio simbólico de un euro a dos empresas, Alu Holding AC Spain SLU y Alu Holding AVL 2019 Spain SLU, creadas recientemente por Blue Motion Technologies, una firma vinculada a un grupo suizo. Esta venta planteó dudas desde el principio sobre la transparencia del proceso.

En la segunda fase, que tuvo lugar el 8 de abril de 2020, Blue Motion Technologies vendió las plantas por 13 millones de euros a System Capital Company, otra entidad recién formada que también estaba relacionada con uno de los investigados. La jueza ha señalado que durante esta operación, el dinero utilizado provenía de la propia tesorería de las empresas que estaban en venta, lo que añade un nuevo nivel de complejidad a la trama.

La investigación ha revelado que antes de la segunda venta, uno de los implicados realizó transferencias cercanas a un millón de euros desde las cuentas de Alu Ibérica hacia cuentas en Suiza controladas por ellos. Este patrones de comportamiento sugiere un esquema elaborado para desviar recursos y socavar las integridades financieras de las entidades involucradas, lo que a su vez afecta de manera negativa a los trabajadores y acreedores.

La jueza Tardón ha presentado ejemplos concretos de cómo se manipuló el proceso, incluyendo la creación de empresas fantasma para inflar el costo de productos, la simulación de préstamos, y desvíos de fondos hacia entidades controladas por los acusados. También destaca el abultado salario que recibió una de las investigadas, lo que señala un profundo descontrol y mala gestión.

Estas acciones continuaron hasta que se nombró a un administrador judicial en julio de 2021, lo que llevó a la presentación de un concurso de acreedores a finales de ese mismo año. Estas medidas, aunque necesarias, reflejan el daño infligido a las estructuras laborales y económicas que afectan a cientos de empleos.

Por último, la magistrada ha indicado que los investigados habrían utilizado los beneficios de estas operaciones en inversiones de criptomonedas, buscando convertir sus ganancias en dinero en efectivo a través de un proceso destinado a ocultar el origen de los fondos. También habrían incentivado a terceros para que realizaran estas transacciones, lo cual ahonda aún más la problemática de las operaciones ilegales y cómo se esconden tras tecnologías aparentemente modernas.

Con el auto de pase a procedimiento abreviado ya dictado, se ha establecido un plazo para que la Fiscalía y otras partes implicadas presenten sus escritos de acusación, planteen posibles sobreseimientos o soliciten más diligencias, lo que mantiene la atención sobre un caso que seguirá resonando en la opinión pública.