La Interpol ha encendido las alarmas al emitir una notificación roja para capturar al capitán del pesquero gallego 'Loitador', implicado en una grave investigación que estremece a las comunidades pesqueras y derechos humanos. Esta medida surge tras las acusaciones de trata de personas, que aseguran que marineros senegaleses han sido forzados a trabajar en condiciones inhumanas, realizando jornadas extenuantes que alcanzan hasta 22 horas diarias.

El caso, que ha tomado repercusiones internacionales, se remonta a diciembre de 2022, cuando la Policía realizó la detención del capitán, quien enfrenta serias acusaciones en Argentina. Según la Fiscalía de Caleta Olivia, esto no es simplemente un incidente aislado, sino parte de un patrón que data de 2017, cuando un marinero fue rescatado en estado crítico a 135 millas de Puerto Deseado tras haber estado expuesto a condiciones laborales que rayan en la esclavitud.

El capitán, un hombre de 56 años, ahora se encuentra bajo la lupa de la justicia tras la activación de la notificación roja de Interpol. Este desarrollo se produce en el contexto de una denuncia que destaca la presunta explotación de marineros senegaleses, quienes se encontraban en una situación de vulnerabilidad evidente. Al menos uno de ellos fue rescatado de la embarcación en un estado que plantea serias preguntas sobre la ética y el trato brindado a los trabajadores del mar.

Según el comunicado del Ministerio Público Fiscal, el aterrador testimonio del marinero rescatado revela una realidad desgarradora: este hombre, quien dijo haber sido forzado a trabajar jornadas de 22 horas, carecía de la ropa adecuada para su labor y dependía de una alimentación insuficiente. Pareciera que el contrato de trabajo carecía de legalidad, extendiéndose potencialmente hasta por dos años bajo condiciones que violan todos los principios internacionales de trabajo.

El relato de abusos sigue profundizando al señalar que el capitán había aceptado a este marinero senegalés el 15 de febrero de 2017, sin considerar ni su estado ni las precarias condiciones que enfrentaba. Esta situación fue posible gracias al contacto previo de las víctimas con la empresa armadora, la cual facilitó su pasaje desde Senegal a Mauritania, pero parecía tener como objetivo último su explotación laboral a bordo del 'Loitador'.

La Fiscalía también ha revelado prácticas extremadamente preocupantes dentro del barco, donde los marineros se veían obligados a trabajar en situaciones deplorables, sin descanso, sin asistencia médica y en un entorno que les hizo padecer desnutrición, hipotermia y otras condiciones severas de salud. A partir del 5 de junio de 2017, ante la gravedad del estado de uno de estos trabajadores, se ordenó su desembarco urgente, pero ya era demasiado tarde; había llegado a la costa en un estado lamentable y crítico.

La detención del capitán fue finalmente autorizada en noviembre de 2022 por el Juzgado Federal de Caleta Olivia, y su arresto se concretó en España al mes siguiente. Posteriormente, se solicitó su extradición, en un claro intento por llevar este caso a la justicia y poner fin a las prácticas que han dejado una profunda marca en la industria pesquera.

Este escándalo no es un evento aislado. A finales de 2023, el Gobierno español informó de sanciones impuestas a una serie de embarcaciones, incluida la mencionada 'Loitador', por prácticas ilegales como desactivar geolocalizadores mientras operaban en alta mar, exacerbando la preocupación en torno a la transparencia y la ética de las operaciones pesqueras gallegas.

Las anomalías en la conducta del 'Loitador' fueron puestas de manifiesto por un informe de la ONG Oceana, que alertó a las autoridades españolas sobre la posible manipulación del sistema de identificación automática entre 2020 y 2021, generando un llamado a responder ante esta grave infracción. Aunque la multa inicial era de 15.000 euros, la empresa optó por asumir su responsabilidad y fue capaz de reducirla al abonar 12.000 euros en abril de 2023.

El caso del 'Loitador' y otros buques involucrados, como el Villa de Pitanxo, reflejan un patrón preocupante en la industria pesquera que no solo afecta a los trabajadores, sino que también plantea serias dudas sobre la sostenibilidad y la ética del sector en su conjunto. Este panorama es un llamado a la acción para que todos, desde los gobiernos hasta las organizaciones sociales, trabajen juntos para erradicar la explotación en todas sus formas de la cadena de producción pesquera.