En un paso decisivo hacia la sostenibilidad, el Gobierno de Galicia, bajo la dirección de Alfonso Rueda, ha presentado este lunes un proyecto histórico: la primera Ley del Clima de la comunidad. Esta iniciativa no solo establece un marco innovador para la contratación pública utilizando criterios ecológicos, sino que también contempla incentivos fiscales destinados a premiar al sector privado por sus esfuerzos en la reducción de emisiones contaminantes.

La normativa, que ahora deberá ser discutida en el Parlamento gallego, tiene una ambiciosa meta: alcanzar la neutralidad climática para el año 2040, adelantándose en diez años al plazo propuesto por la Unión Europea. El presidente Rueda, acompañado de la conselleira responsable, Ángeles Vázquez, subrayó la importancia de esta ley en la reciente reunión del Ejecutivo, enfatizando la necesidad de actuar con determinación en la crisis climática actual.

Rueda ha manifestado su intención de que Galicia obtenga las competencias meteorológicas, un objetivo que cobró fuerza tras los recientes eventos climáticos extremos, como la DANA en Valencia. La idea es mejorar las alertas meteorológicas y maximizar el uso de los datos proporcionados por Meteogalicia, en beneficio de la comunidad.

Al responder a las preguntas de los medios, Vázquez reafirmó que esta ley sigue el ejemplo de esfuerzos previos en el ámbito medioambiental, como la ley del litoral, y está diseñada para anticiparse a los desafíos. Para ella, es fundamental que la gestión meteorológica sea competencia de la comunidad autónoma.

La creación de información precisa sobre el clima será clave para el éxito de esta ley. Se prevé un robustecimiento de las redes de control de calidad del aire y de servicios públicos para gestionar los riesgos asociados al cambio climático. Esto permitirá recoger más datos y mejorar la reacción ante fenómenos meteorológicos extremos.

La normativa también establecerá proyecciones climáticas específicas para Galicia, realizadas por el organismo competente, mediante modelos matemáticos actualizados periódicamente. Rueda destacó que esta legislación es parte de un compromiso continuo que Galicia ha mantenido en la lucha contra el cambio climático, buscando integrar esta perspectiva en todas las acciones gubernamentales.

En concordancia, Vázquez resaltó que Galicia se convertirá en la primera comunidad autónoma en legislar el objetivo de neutralidad climática, lo que facilitará la transición hacia un modelo más sostenible y generador de empleo verde.

El gobierno se ha marcado el objetivo de reducir las emisiones de gases de efecto invernadero en un 75% para el año 2030, tomando como referencia los niveles de 1990. Un compromiso que debe ser apoyado por medidas para proteger a la población de los efectos del cambio climático, como la creación de refugios climáticos que mitiguen la vulnerabilidad durante olas de calor.

En colaboración con la Universidad de Vigo, se ha desarrollado una metodología que ayudará a identificar y gestionar refugios climáticos, con la implementación de una aplicación móvil que proporcionará información en tiempo real sobre islas de calor y zonas seguras. Esta herramienta estará destinada a empoderar a los ciudadanos en la adaptación a las condiciones climáticas extremas.

La ley establece que tanto la Xunta como el sector público deben integrar la perspectiva climática en todos sus planes y programas, así como en la elaboración y gestión de contratos públicos. Las proyecciones climáticas deberán ser parte central de la planificación para optimizar la resiliencia del territorio ante el calentamiento global.

Para alcanzar estos objetivos, la Xunta se apoyará en tres estrategias: la Estrategia Gallega de Cambio Climático, los planes regionales de acción climática y los planes locales obligatorios para municipios con más de 20,000 habitantes. Actualmente, 17 municipios gallegos de esta categoría han avanzado en sus propios planes de acción climática.

La ley también establecerá plataformas de participación ciudadana, como el Portal de Acción Climática, junto con la creación de la Oficina de Cambio Climático de Galicia y el Foro de Acción Climática, que fomentarán la transparencia y la colaboración en este ámbito.

El objetivo de Galicia es inspirar a otras regiones para que sigan su ejemplo en la lucha contra el cambio climático, ofreciendo un marco legal que promueva la contratación pública sostenible. En el plazo de un año desde la aprobación de la normativa, se desarrollará un programa específico para integrar criterios climáticos en los contratos públicos, incluyendo un catálogo de cláusulas ambientales.

Entre las principales metas se encuentra la gestión de la huella de carbono en las contrataciones del sector público, permitiendo evaluar las emisiones de gases de efecto invernadero de diferentes organizaciones y actividades. Esta perspectiva también será parte de los presupuestos anuales de la Xunta.

Adicionalmente, se anticipa que la Xunta ajuste sus políticas fiscales para motivar al sector privado a realizar acciones que contribuyan a los objetivos climáticos, y que se cree un Registro gallego de promotores de neutralidad climática, a nivel voluntario. Además, se implementará un sistema de créditos de carbono, que permitirá a las empresas y ciudadanos compensar sus emisiones a través de proyectos sostenibles, con su regulación prevista en las próximas semanas.