"Activistas solicitan que el Tribunal de la AN emita un veredicto al término de exponer todas las pruebas en su contra"

Piden la nulidad del juicio por dilaciones indebidas, cosa juzgada y prescripción

MADRID, 21 Sep. - En el inicio del juicio contra el clan de 'los charlines' en la Audiencia Nacional, los acusados han solicitado la anulación del proceso alegando dilaciones indebidas, prescripción de los hechos y la incorporación de conversaciones confidenciales abogado-cliente. En caso de que la vista continúe, han pedido que las declaraciones de todos se realicen al final, una vez que se haya presentado toda la prueba en su contra.

El tribunal los juzgará por blanqueo de capitales derivados del tráfico de drogas cometido dentro de una organización delictiva. Finalmente, nueve miembros del clan estarán en el banquillo ya que, según el informe médico del acusado José Tato Arca, su situación impide que pueda ejercer adecuadamente su derecho a la defensa debido a una "demencia sobrevenida". El tribunal ha decidido archivar el procedimiento para él.

La defensa de la acusada Josefa Charlín ha pedido que se archive el caso porque entiende que los hechos enjuiciados han prescrito y porque ya fue juzgada y condenada por ellos. También ha denunciado la vulneración de la confidencialidad en las conversaciones abogado-cliente, lo que considera un grave perjuicio para el derecho de defensa.

Además, ha argumentado que ha habido una violación del derecho a un juicio rápido debido a las dilaciones indebidas, ya que el procedimiento ha durado 15 años desde que se inició. Ha solicitado que, en caso de no ser admitidas las demás cuestiones previas, la declaración de su defendida y los demás acusados se realice al final para garantizar su derecho de defensa. También ha pedido la suspensión del juicio hasta que se resuelvan las cuestiones previas.

El abogado de María Teresa Charlín y Natalia Somoza se ha unido a la solicitud de la defensa anterior y ha pedido la nulidad de toda la investigación sobre sus clientes por considerar que fue prospectiva y se basó únicamente en pruebas de ADN, a pesar de que la operación bancaria fue legal y sin actividad delictiva previa.

La defensa de Noemí Outon Charlín ha argumentado que su clienta solo está en el juicio por ser cotitular de una cuenta de su madre y apoderada de otra cuenta de ella y su tío. Ha señalado que estas cuentas fueron abiertas en marzo de 2000, mientras que la primera declaración de su clienta fue en julio de 2010, lo que implicaría que el caso está prescrito.

El resto de acusados, un empresario y dos abogados, han respaldado las solicitudes de la primera defensa y han enfatizado que están en el caso debido a grabaciones de conversaciones protegidas por la confidencialidad abogado-cliente.

El fiscal ha respondido a todas las cuestiones previas solicitando que la Sala las resuelva en la sentencia y no de forma previa, ya que esto implicaría valorar pruebas que no se han presentado en el juicio. Respecto a las conversaciones abogado-cliente, ha afirmado que no se han vulnerado derechos fundamentales porque las defensas no han especificado cuáles son esas conversaciones y porque la Fiscalía no las ha utilizado, excepto en el caso del abogado Adán, quien está siendo acusado.

En cuanto a la alegación de cosa juzgada y prescripción, el fiscal las ha negado, ya que para que se aplique cosa juzgada, deben tratarse de las mismas personas y los mismos hechos, lo que no ocurre en este caso. Además, ha señalado que las dilaciones indebidas no necesariamente conllevan la anulación del juicio, ya que existen atenuantes para ello.

Finalmente, el fiscal se ha opuesto a que las declaraciones de los charlines se realicen al final, ya que la Ley de Enjuiciamiento Criminal establece que la declaración de los acusados es la primera prueba.

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