Un tribunal europeo se prepara para abordar, por primera vez en su historia, el efecto de la ganadería industrial sobre los derechos humanos, en un contexto marcado por la contaminación del agua y el mal olor en comunidades afectadas.

En la localidad de As Conchas, perteneciente al municipio de Lobeira en Ourense, la asociación vecinal y la Federación de Consumidores y Usuarios CECU, junto a un grupo de siete ciudadanos, han interpuesto una demanda innovadora ante el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG). Esta acción legal acusa a la Xunta de Galicia, a la Confederación Hidrográfica Miño-Sil y a varios municipios, por permitir la contaminación del embalse de As Conchas durante décadas, vulnerando así derechos fundamentales.

La iniciativa cuenta con el respaldo de organizaciones como Amigas de la Tierra y ClientEarth, que afirman que las entidades denunciadas han fallado al no proteger los derechos básicos de los residentes de la zona, entre ellos el derecho a un ambiente saludable y a vivir sin temor a la contaminación.

Amigas de la Tierra destaca que este caso judicial puede establecer un hito en Europa, ya que representa una evaluación del impacto de la ganadería industrial desde una óptica de derechos humanos. La organización ha criticado la falta de vigilancia de las autoridades sobre los desechos generados por las explotaciones ganaderas, que incluyen purines y gallinaza, y que son responsables de la decadencia del medio ambiente local.

La contaminación en la región ha empeorado significativamente debido a la proliferación de granjas industriales, que han recibido permiso por parte de la Xunta. Según la organización, los habitantes están expuestos a graves riesgos para su salud y muchos desconfían de la potabilidad del agua del grifo, temiendo además que el hedor impida el disfrute de sus hogares. En algunos casos, el agua municipal también se encuentra contaminada, según las denuncias formuladas.

El nivel de nitratos en el embalse ha sido calificado de “extremadamente elevado”, lo que representa un potencial riesgo de varios tipos de cáncer, incluido el de tiroides y el de mama. Asimismo, se ha vinculado la presencia de nitratos con enfermedades graves como el linfoma no Hodgkin y la metahemoglobinemia, que puede ser mortal.

Los análisis revelan también la existencia de bacterias resistentes a antibióticos en las aguas contaminadas, lo que trae consigo problemas de salud complejos. Además, el fuerte olor generado por las granjas industriales está asociado con partículas en el aire, que pueden agravar afecciones respiratorias, especialmente en niños y ancianos.

La contaminación en el embalse se remonta a 2011, cuando se produjo un brote de cianobacterias que cubrió la superficie con una película verde. Desde ese momento, las comunidades afectadas han intentado comunicarse con las autoridades sobre los niveles alarmantes de contaminación, pero no han visto respuestas adecuadas a sus preocupaciones.

Los denunciantes han argumentado que en ocasiones la administración no ha cumplido con su deber de alertar a los residentes sobre la toxicidad del embalse, lo que agrava la situación.

Blanca Ruibal, portavoz de Amigas de la Tierra, subraya que el modelo de ganadería industrial está causando serios daños tanto a las personas como al medio ambiente. Urge a las autoridades a tomar medidas para proteger los derechos de la comunidad y propone un cambio hacia una ganadería más extensiva y prácticas agroecológicas que respeten el equilibrio ecológico y fomenten un entorno rural sostenible.

Nieves Noval, abogada de ClientEarth, señala que las autoridades han abandonado a quienes viven en A Limia y As Conchas, a pesar de tener pleno conocimiento del impacto adverso de la ganadería industrial en la región, pues continúan otorgando permisos sin el debido escrutinio.

David Sánchez, director de CECU, ha instado a las administraciones a que aborden urgentemente este grave problema, resaltando que no es aceptable que los vecinos dependan de camiones cisterna o agua embotellada para sus necesidades diarias, lo que interfiere con sus vidas cotidianas.

Pablo Álvarez Veloso, presidente de la asociación vecinal y demandante, ha expresado su frustración ante la falta de respuesta de los gobiernos autonómicos y locales, haciendo hincapié en que la comunidad ha decidido actuar legalmente para salvaguardar sus derechos y bienestar.