El Parlamento Europeo ha dado un paso significativo al respaldar la flexibilización de los requisitos ambientales para acceder a fondos de la Política Agraria Común (PAC). Esta decisión ha generado reacciones diversas entre los actores del sector agrícola, destacando tanto avances como preocupaciones.

Desde Santiago de Compostela, el sindicato Unións Agrarias ha calificado estas reformas como un avance importante. Su portavoz, Roberto García, enfatizó que la modificación de los requisitos constituye un alivio ante la complejidad burocrática que enfrentan muchas explotaciones en Galicia. Esta simplificación, según García, no solo beneficiará a los agricultores, sino que también reducirá costos al eliminar la necesidad de recurrir a servicios externos.

Sin embargo, otros actores, como el Sindicato Labrego Galego (SLG), consideran que estos cambios son meras soluciones temporales, demandando en su lugar una reforma más profunda y coherente en la PAC. Ana Rodríguez, representante del SLG, subrayó que aunque algunos aspectos de la reforma pueden ser beneficiosos, en general, la PAC sigue siendo un sistema complicado, que requiere transformaciones más integrales.

García destaca también la importancia de que cada Estado miembro destine recursos para abordar las crisis sanitarias que afectan al sector, que se han vuelto cada vez más frecuentes. Resaltó el hecho de que la Eurocámara haya tomado elementos de la legislación española sobre la cadena alimentaria, lo cual podría fortalecer la capacidad de negociación colectiva de los agricultores y contrarrestar la imposición de precios bajos por parte de las grandes industrias.

Por su parte, Rodríguez expresó su escepticismo ante la mención de "simplificación", señalando que, en ocasiones, esto ha generado más inquietudes que soluciones, especialmente cuando se percibe que se disminuyen los compromisos con el medio ambiente. A pesar de todo, reconoció que algunos cambios podrían perjudicar menos a los agricultores que otros.

La Eurocámara adoptó la medida con un amplio apoyo, obteniendo 492 votos a favor frente a 111 en contra. Esto refleja un consenso creciente sobre la necesidad de facilitar la carga administrativa para los agricultores. El nuevo paquete, que ha sido denominado 'Ómnibus III', pretende evitar duplicaciones con las regulaciones nacionales y establecer que las explotaciones ecológicas certificadas cumplan automáticamente con ciertas normativas de la UE.

Asimismo, se aprobaron enmiendas que buscan reforzar la posición contractual de los agricultores, buscando lograr una mayor estabilidad en sus ingresos. En este contexto, el futuro de la PAC en España dependerá de cómo se implementen estos cambios en aspectos como contratos y subvenciones, y las organizaciones del sector estarán atentas a su impacto real.