El concejal de Urbanismo de Santiago de Compostela, Iago Lestegás, ha afirmado que la ciudad cumple con todos los criterios para ser declarada como zona de mercado residencial tensionado, mientras sostiene que la Xunta ha dejado la solicitud "en un limbo" tras decidir desistir de su tramitación. En su opinión, esta decisión refleja una "evidente intencionalidad política".

Durante una rueda de prensa celebrada el miércoles, Lestegás detalló que el Ayuntamiento envió una respuesta exhaustiva, compuesta de 13 páginas, en la cual se abordaban punto por punto las deficiencias mencionadas por el Instituto Galego de Vivenda e Solo (IGVS) en su requerimiento. Sin embargo, la respuesta de la Xunta, según él, no solo llegó antes a los medios que al propio Ayuntamiento, sino que también es más comprensiva en sus comunicados que en el contenido de su resolución.

El concejal subrayó que, si la decisión de la Xunta hubiera sido de carácter técnico, se esperaría una argumentación más sólida. En cambio, sugirió que la falta de profundidad en la respuesta oficial pone de manifiesto una motivación política detrás de la negativa.

Lestegás enfatizó que la Xunta parece no tener interés en abordar la escalada de los precios del alquiler. "No pueden denegar nuestra solicitud porque cumple con los requisitos legales, así que optan por dejarla en una especie de parálisis", criticó, añadiendo que resulta inquietante que la Xunta no haya considerado debidamente las explicaciones detalladas aportadas en la respuesta del Ayuntamiento.

El concejal también mencionó que la Xunta había pedido la inclusión de planes correctivos más concretos para revertir el estado actual del mercado, afirmando que las medidas propuestas por el Ayuntamiento ya están en marcha. Sin embargo, Lestegás señaló que simplemente tenerlas en ejecución no implica que vayan a tener un efecto positivo en la situación residencial.

Además, comparó la situación de Santiago con la de A Coruña, donde la Xunta sí aceptó un plan similar que contenía medidas ya ejecutadas, cuestionando por qué esa posibilidad no se reconoce en su caso.

Respecto a la exigencia del IGVS de un nuevo diagnóstico que use datos oficiales en lugar de fuentes de portales inmobiliarios, Lestegás remarcó que su informe ya incluye cifras del IGVS que muestran un aumento de más del 40% en los precios de alquiler desde 2019, lo cual respalda la necesidad de la declaración que buscan.

Sobre la crítica de la Xunta a su propuesta de redefinir qué se considera un "gran poseedor" de inmuebles, Lestegás hizo hincapié en que en otras áreas, como en Navarra, cinco propiedades son un umbral aceptado. "No entiendo por qué Santiago debería ser tratado de manera diferente", expresó.

Al ser cuestionado sobre los próximos pasos, Lestegás dejó claro que no se rendirán y están preparados para continuar presionando, ya sea por vías administrativas o judiciales, para asegurar que la situación se resuelva en beneficio de los habitantes de Santiago. "Esto no es solo una cuestión política; está en juego el bienestar de las personas que alquilan en nuestra ciudad", subrayó.

A la vez, criticó la propuesta de la Xunta de llevar a cabo reuniones entre los técnicos de ambas administraciones como una intención de encubrir una decisión que, desde su perspectiva, es netamente política. "La resolución de este problema no puede depender de reuniones", afirmó Lestegás, destacando que el procedimiento debería avanzar independientemente de estas discusiones.

De cara al futuro, el concejal insiste en que todas las opciones están sobre la mesa, incluyendo acciones legales. La importancia de la declaración para contener los precios del alquiler está en el centro de sus prioridades, y anticipó que si estos procesos judiciales se alargan, en su administración no se descartará ninguna estrategia.

Por su parte, desde el Partido Popular, María Baleato criticó al Ejecutivo local por su aparente incompetencia en la tramitación del documento necesario, asegurando que solo se requiere una correcta aportación de la documentación correspondiente. Para Baleato, el proceso está perfectamente definido y es el gobierno de Santiago el que ha fallado en su responsabilidad.

Finalmente, la independiente Mercedes Rosón se unió a las críticas hacia la Xunta, señalando un "falta de respeto" ante la negativa y sugiriendo que el verdadero problema radica en la competencia política entre partidos, que termina perjudicando a la ciudadanía. "Es un juego absurdo donde los únicos perjudicados son los vecinos", concluyó.