La líder del Bloque Nacionalista Galego (BNG), Ana Pontón, ha enviado una carta al ministro de Transportes, Óscar Puente, para solicitar que se aproveche la oportunidad brindada por la Comisión Europea y se proceda "sin más demora" al rescate de la AP-9. Este reclamo se presenta en un contexto en que la infraestructura ha sido objeto de críticas por su peaje, que muchos consideran excesivo.

En su misiva fechada el pasado jueves, Pontón ha incluido un informe de la Universidade da Coruña (UDC) que calcula el costo del rescate en 904,7 millones de euros. Este análisis se basa en una valoración económica que considera el valor de mercado ajustado según el Índice de Precios al Consumidor (IPC), utilizando datos de la última venta de la autopista, que fue realizada hace seis años.

La carta de Ana Pontón llega justo después de que el gobierno español informara que cumplió, de manera apresurada, con el ultimátum impuesto por Bruselas sobre la extensión de la concesión de la AP-9. La Comisión Europea ha señalado que el Gobierno vulneró las normativas europeas relacionadas con la contratación pública, lo que ha acrecentado la necesidad de abordar este debate.

Pontón argumenta en su carta que, actualmente, los ciudadanos gallegos continúan soportando un "peaje abusivo", lo que contrasta con la situación de otras autopistas de similar antigüedad donde no se cobra peaje. "Esto representa una injusticia inaceptable", asevera la líder nacionalista.

Además, Pontón señala que los responsables de esta situación han sido, en primer lugar, la prórroga de 10 años que aprobó el Gobierno de Felipe González y, posteriormente, la extensión de 25 años impulsada por el Gobierno del PP bajo el mandato de José María Aznar. Sin embargo, destaca que el momento actual debe ser visto como una oportunidad para buscar soluciones en lugar de atribuir culpas.

Asimismo, enfatiza que el informe de la UDC menciona un aspecto fundamental: si la ampliación de la concesión es declarada ilegal por parte de la Comisión Europea, la empresa concesionaria no podrá reclamar indemnización por lucro cesante, como lo establece la jurisprudencia del Tribunal Supremo. Esto abre la puerta a un rescate viable y, según Pontón, representa la mejor solución tanto para Galicia como para el resto del Estado español.

Por último, la portavoz nacionalista hace un llamado al ministro Puente para que se convierta en un "aliado" en la lucha por la justificación de la AP-9 y, sobre todo, para que el Gobierno central actúe con celeridad frente a esta oportunidad brindada por Bruselas.

Además, el informe de la UDC, que cifra el rescate en 904,7 millones de euros, resalta la viabilidad de esta opción, lo que añade fuerza al reclamo del BNG para que se priorice la justicia y el bienestar de los ciudadanos gallegos.