La gestión del Centro de Atención a Personas con Discapacidad (CAPD) de Ourense ha encendido el debate en el pleno de la Diputación Provincial, convirtiéndose en el tema central de la reciente sesión legislativa.

OURENSE, 31 de enero. En un ambiente cargado de tensión, el presidente de la Diputación de Ourense, Luis Menor, ha afirmado con firmeza que el CAPD estará bajo el control de una entidad social sin ánimo de lucro, alejándose de la idea de que pueda ser manejado por empresas con fines de lucro que, a su juicio, convertirían a los usuarios en meros "cobayas".

El debate se tornó aún más intenso ante la oposición unida de los grupos PSdeG y BNG, que demandaban una gestión pública directa del centro. Sin embargo, su propuesta fue rechazada gracias al voto en contra del Partido Popular y la abstención de Democracia Ourensana.

El primer pleno de la diputación de 2025 estuvo marcado por esta controversia. La nueva instalación, que comenzará a operar el 1 de abril, será administrada por una entidad sin ánimo de lucro, algo que ha levantado el descontento de muchas familias que claman por una gestión pública que garantice el bienestar de sus seres queridos.

A pesar de que este modelo fue sancionado por la Consellería de Política Social, las familias afectadas han echo eco de su disconformidad, recordando que otras provincias gallegas gozan de un manejo público efectivo en sus centros de atención.

Replicando a esta situación, semanas atrás, un grupo de familiares se manifestó frente a la delegación territorial de la Xunta en Ourense, exigiendo la gestión pública que consideran necesaria. Además, hace poco más de un mes, unánimemente, todos los grupos de la Diputación votaron una moción en este sentido, incluyendo al Partido Popular, que ostenta 12 de los 25 escaños de la institución provincial.

De manera inesperada, el Partido Popular ha cambiado su postura. En diciembre, manifestaron su apoyo a un modelo de gestión pública, pero en esta ocasión votaron en contra de la propuesta que los socialistas y nacionalistas presentaron, con Democracia Ourensana optando por la abstención.

Desde el PSdeG se ha criticado este cambio como una “hipocresía descomunal” por parte del PP, acusándolos de incumplir su palabra. La diputada socialista Elvira Lama se mostró especialmente indignada, cuestionando cómo podrían explicar a las familias este giro en solo un mes, y denunciando que sería engañoso culpar a la falta de personal cuando en Ourense hay cientos de profesionales dispuestos a trabajar.

La posición del BNG, a través de su portavoz Bernardo Varela, también resaltó la pérdida de una oportunidad para alcanzar un acuerdo que beneficie a las personas con discapacidad, reconociendo, no obstante, el esfuerzo de las entidades sociales que las apoyan.

La diputada del PP, Patricia Torres, defendió su posición asegurando que comprenden la preocupación de las familias, pero resaltaron que su apoyo anterior se basaba en la opción de una gestión pública frente a una privada. Tras evaluar la nueva situación, consideran que el sistema propuesto es “garantista”.

Torres incluso explicó que el pliego de condiciones garantiza la subrogación de los trabajadores si hubiera un cambio en la entidad gestionadora, y aseguró que “la Xunta siempre estará vigilando” el proceso.

Sin embargo, Eva Gutiérrez, portavoz de la plataforma ProCAPD, manifestó que el modelo presentado no es el que las familias exigen, reiterando su deseo de un centro de gestión pública directa y advirtiendo que un nuevo modelo podría deshumanizar la atención, como si se tratara de un experimento.

El debate se enriqueció cuando el presidente del comité español de representantes de personas con discapacidad, CERMI, tomó la palabra, enfatizando que su misión es el bienestar de las personas con discapacidad y que no tienen fines de lucro, reinvirtiendo cada euro en servicios.

Mientras las familias expresaban su descontento, el presidente provincial trató de calmar las aguas prometiendo que el futuro centro será gestionado de manera pública y social, rechazando firmemente la idea de que se conviertan en “cobayas”.

En un giro de acontecimientos, el Bloque Nacionalista Galego aprovechó el turno de preguntas para indagar sobre un conductor de un vehículo de la Diputación Provincial que fue multado por excender la velocidad en Allariz, vinculándolo a un incidente similar que involucra al expresidente de la Diputación Ourensana.

Ante la incapacidad de la institución de identificar al conductor, la multa inicial se vio triplicada, lo que suscitó interrogantes sobre la velocidad y dirección del vehículo en un día domingo. Xosé Manuel Puga cuestionó si había habido algún tipo de falta de responsabilidad por parte de la Diputación.

El presidente Menor respondió a las inquietudes, afirmando que ya se había cerrado el caso del conductor y que no hay más que hacer al respecto, desviando la atención nuevamente hacia las preocupaciones centrales del pleno sobre la gestión del CAPD.