La mirada estará centrada en la solicitud de medida cautelar que han presentado varios concejales para detener la aplicación de las resoluciones disciplinarias que les afectan.

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 26 Abr.

La acción legal que han emprendido los cuatro concejales que fueron expulsados del Grupo Municipal Socialista de Santiago, a saber, Gonzalo Muíños, Mercedes Rosón, Mila Castro y Marta Álvarez, ha sido formalmente aceptada por el Juzgado número 3 de la ciudad. Esta demanda busca impugnar las decisiones tomadas por la Comisión Federal de Ética y Garantías del PSOE.

Según informan fuentes de Europa Press, las partes involucradas han recibido notificaciones desde el 10 de marzo respecto a la audiencia programada, donde se decidirá sobre la concesión de una medida cautelar requerida por los concejales sancionados para frenar la aplicación y efectividad de las resoluciones disciplinarias en su contra. Esta vista está agendada para el 9 de mayo.

Los concejales socialistas interpusieron su demanda durante la semana del 17 de marzo, después de haber sido notificados el 14 de ese mes de su expulsión definitiva del partido por parte de Ferraz.

El día de su expulsión, los ediles emitieron un comunicado enfatizando su identidad como "socialistas", subrayando que ninguna resolución interna puede alterar su compromiso con un mundo más equitativo y una sociedad basada en la igualdad.

En su declaración, los concejales manifestaron su intención de recurrir a la justicia ordinaria "por dignidad" y para preservar su integridad, además de rechazar cualquier intento arbitrario de decidir quién puede o no identificarse como socialista, en función de preferencias personales ajenas a la militancia.

Desde la dirección del PSOE, se alegan faltas "graves" atribuibles a los concejales en relación con las normas del partido, destacando su supuesta "actuación en contra de acuerdos adoptados por los órganos de dirección que impactan en las instituciones".

En el caso de Muíños, se le atribuyó "indisciplina reiterada", surgida tras un conflicto con la agrupación local tras una votación en junio, donde todos los concejales respaldaron una ordenanza sobre las viviendas de uso turístico, contraviniendo la directriz establecida por la dirección local, liderada por Aitor Bouza.