La Xunta de Galicia ha realizado una firme apuesta por la "simplificación y eliminación" de las "ingerencias estatales" que pudieran generar retrasos en los procesos administrativos a nivel autonómico. En este contexto, la Consellería de Medio Ambiente e Cambio Climático ha manifestado que no se encuentra justificada la necesidad de que el Gobierno central solicite una notificación de cada solicitud en tramitación, otorgándole un plazo de dos meses para pronunciarse al respecto.

Esta decisión se produce tras la reciente "rectificación y retirada" por parte del Gobierno central de la exigencia de un informe vinculante cada vez que la administración autonómica desee otorgar concesiones para obras o instalaciones consideradas no desmontables en el dominio público marítimo-terrestre (DPMT). La Xunta ha comunicado que ha enviado sus alegaciones al Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática respecto al nuevo borrador relacionado con el traspaso de funciones y servicios necesarios para gestionar el litoral gallego.

En su comunicado, el Ejecutivo gallego detalla que su propuesta se enfoca en la simplificación de trámites y en evitar intervenciones estatales que podrían ralentizar la gestión administrativa en Galicia. Así, la Xunta valora positivamente que el Gobierno central haya reconsiderado su postura inicial, permitiendo un proceso más ágil en la concesión de obras dentro del ámbito del DPMT.

En el nuevo enfoque, el informe vinculante ha sido reemplazado por una simple notificación de cada solicitud en tramitación, lo que permitirá que la Administración General del Estado tenga un plazo limitado para emitir su respuesta. Sin embargo, la Xunta ha reiterado que "no existe" una base competencial que justifique que el Gobierno central se arroje esa potestad, recordando que el Tribunal Constitucional ha afirmado que las comunidades autónomas tienen competencia para otorgar concesiones, mientras que al Estado le corresponde solamente la función legislativa que regula el DPMT.

Además, Galicia destaca la necesidad de garantizar la realización periódica de la comisión bipartita. En cuanto a la potestad sancionadora, la Xunta ha declarado que es "razonable" ejercer esta competencia en relación con los títulos que ahora asumirá, que previamente recaían en el Estado en otros casos. Aunque el Ejecutivo autonómico ha valorado positivamente que el Gobierno central tuviese en cuenta ciertas preocupaciones planteadas en el primer borrador, subraya la necesidad de incorporar los ajustes mencionados para asegurar una adecuada ordenación del litoral y una "aplicación efectiva" de las competencias correspondientes.

Por ende, la Xunta ha enfatizado en la urgencia de llevar a cabo la Comisión Mixta de Transferencias "lo antes posible", así como en la relevancia de especificar y cuantificar el traspaso, considerándolo un "paso fundamental" para permitir el desarrollo de la legislación gallega sobre la gestión del litoral. Este proceso se presenta como una oportunidad crucial para avanzar en la autonomía y capacidad de decisión de Galicia sobre sus recursos costeros.