La conselleira de Vivenda e Planificación de Infraestruturas, María Martínez Allegue, anunció este jueves que la Xunta tomará acciones legales si el Gobierno central no proporciona el expediente en relación con la autopista AP-9, que está bajo el escrutinio de la Comisión Europea.

En una rueda de prensa celebrada en Santiago de Compostela, Martínez Allegue manifestó que el rescate de la autopista del Atlántico es fundamental y debe llevarse a cabo “a la mayor brevedad posible”, dado el interés público que representa para Galicia.

“Con el dictamen de la UE sobre la mesa, creemos que lo más beneficioso para Galicia es conseguir el rescate sin demoras, especialmente ante la falta de claridad que ha demostrado el Gobierno central al no tomar decisiones decisivas”, afirmó la conselleira.

Martínez Allegue también anunció su intención de solicitar formalmente al Gobierno central el expediente relacionado con el caso que la ONU ha estado manejando durante años. A pesar de que Galicia es parte interesada, la Xunta se siente completamente desinformada sobre el proceso. Si no recibe respuesta, la conselleira no dudará en emprender acciones legales por la falta de respuesta del Gobierno.

Asimismo, se prevé contactar con las comunidades autónomas de Castilla y León y Asturias para establecer una estrategia conjunta que busque la eliminación del peaje de la AP-9 y de la AP-66.

La conselleira recordó que hace un año presentó al Ministerio de Transportes un estudio que evaluaba el coste y la transferencia de la autopista del Atlántico. Lamentó que, a pesar de sus múltiples solicitudes para reunirse con el ministro Óscar Puente, no ha recibido ninguna respuesta, lo que considera un desprecio hacia un asunto de vital importancia para los gallegos.

“El ministro parece no considerar crucial hablar con Galicia sobre una infraestructura que, en algunos tramos, transporta más de 60,000 vehículos diarios”, expresó Martínez Allegue, quien subrayó la cinta de ignorancia del Gobierno central ante la gestión de la AP-9.

La conselleira se mostró perpleja ante la falta de acción del Gobierno para recuperar la concesión y mencionó que la estimación de costes para el rescate asciende a 2,356 millones de euros, cifra que la Xunta ha actualizado recientemente.

En febrero, el Parlamento de Galicia aprobó una propuesta unánime pidiendo la eliminación de los peajes, y Alfonso Rueda, presidente de la Xunta, ha insistido en la necesidad de un rescate inmediato para evitar consecuencias aún más graves en el futuro.

El informe reciente de la Axencia Galega de Infraestruturas menciona el aumento desmedido de las tarifas de peaje y el enriquecimiento de la empresa concesionaria, evidenciado por un incremento del 40% en las ganancias en solo cuatro años, según cifras de Audasa.

La Xunta ha calificado la gestión Estatal de la AP-9 en años recientes como perjudicial para los gallegos y contraria al interés colectivo de Galicia. Martínez Allegue también criticó que, mientras otras regiones del país están reevaluando sus situaciones, en Galicia se ha bloqueado el debate sobre una ley orgánica presentada ante el Congreso, con 41 aplazamientos hasta la fecha.

Esta situación se agrava ante la reciente reacción del Gobierno, que contestó de manera tardía al ultimátum de Bruselas relacionado con la prórroga de la concesión de la AP-9, tras ser advertido de que dichas prórrogas vulneran las normativas de contratación pública de la UE.

Cabe recordar que en julio, la Comisión Europea había instado al Gobierno central a subsanar las irregularidades por las que se prorrogó la concesión de los peajes en las autopistas AP-66 y AP-9, advirtiendo que, de no hacerse en un plazo de dos meses, el caso podría ser elevado al Tribunal de Justicia de la Unión Europea.