En Santiago de Compostela, el 12 de julio, la conselleira de Medio Ambiente e Cambio Climático, Ángeles Vázquez, anunció que los asesores jurídicos están revisando una reciente sentencia que responsabiliza a la Xunta y a la Confederación Hidrográfica Miño-Sil por la contaminación en el embalse de As Conchas, ubicado en Ourense. La contención de un recurso de casación ante el Tribunal Supremo es la siguiente acción que se espera tomar.

Vázquez, durante un evento en O Carballiño, afirmó que, aunque la Xunta "acepta y respeta" el fallo judicial, eso no implica que comparta las conclusiones. La conselleira subrayó la necesidad de distinguir claramente las atribuciones de la Xunta y del Gobierno central en esta materia.

En su intervención, explicó que el Gobierno gallego tiene la responsabilidad de garantizar la calidad del agua en 182 municipios de Galicia, mientras que para otros ayuntamientos esa función recae en el Gobierno central a través de sus confederaciones hidrográficas, siendo la CHMS la encargada del embalse de As Conchas.

Respecto a las medidas que surgen de la sentencia, Vázquez mencionó la posibilidad de designar zonas vulnerables a los nitratos, resaltando que la legislación al respecto es “muy clara”. Se refirió también a una reunión reciente entre el Ministerio y las comunidades autónomas, donde se discutieron estudios sobre la presión de los nitratos en el agua.

No obstante, la conselleira alertó sobre la imposibilidad de que la Xunta realice una declaración sin tener los estudios del Gobierno central finalizados. Aportó detalles sobre un informe en el que se afirmaba que en la región de A Limia había "109 millones de gallinas", lo que no coincide con los datos que posee la Xunta.

Vázquez hizo un llamado a la seriedad en el tratamiento del tema, insistiendo en que se requieren estudios concluyentes para determinar el origen de los nitratos antes de que la Xunta actúe. Ella enfatizó que tras obtener esos datos, la Xunta no dudaría en adoptar las medidas necesarias.

A pesar de todo, aclaró que cualquier medida que se implemente debe contar con un respaldo legal sólido, afirmando que el Gobierno central había optado por no regular la situación, lo que a su juicio genera "inseguridad jurídica".

En respuesta a esta falta de regulación, la Xunta se propone adelantar su propia normativa, que será presentada al Consello de la Xunta para abordar la cuestión con la estabilidad jurídica requerida.

Sobre las macrogranjas en la región, Vázquez defendió que la Xunta no otorga permisos sin contar con los informes sectoriales pertinentes. Aseguró que la CHMS, como responsable de la evaluación de las aguas en A Limia, nunca ha emitido informes desfavorables para las granjas autorizadas.

El dictamen del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) condenó a la Xunta y a la CHMS por su "inacción" en la gestión de la degradación ambiental en el embalse de As Conchas, destacando la violación de derechos fundamentales de los residentes de la zona.

El fallo del tribunal reconoce que estas administraciones han fallado en garantizar la calidad del agua, lo que ha llevado a una grave contaminación que afecta el acceso al agua potable y ha provocado malos olores y proliferación de cianobacterias en el entorno.

La sentencia, que fue el resultado de una demanda presentada en marzo por una asociación de vecinos y ciudadanos particulares de la zona, subraya que la Xunta y la CHMS deberán tomar “inmediatamente” medidas efectivas para restaurar la calidad del agua y el derecho de los ciudadanos a disfrutar de este recurso vital.

El tribunal ha exigido nuetras formas asegurar un suministro de agua limpia y segura, libre de cualquier sustancia dañina que pueda comprometer la salud pública. Aunque el TSXG desestimó las demandas contra los ayuntamientos de la zona, remarcó que la Xunta falló en su deber de proteger las aguas subterráneas frente al auge descontrolado de macrogranjas.

La sentencia también enfatiza que, a pesar de conocer la situación, la Xunta permite que empresas mantengan un número excesivo de instalaciones ganaderas, contribuyendo así a la degradación ambiental, sin trasladar las responsabilidades adecuadas a los beneficiarios de estas actividades económicas.

Finalmente, se destaca la necesidad de que la CHMS actúe frente a la decreciente calidad de las aguas, evidencia de cuya inacción se remonta a 2011, lo que resalta la urgencia de intervención ante el creciente número de autorizaciones para macrogranjas en la región.