BRUSELAS, 9 de abril.

En un giro histórico, el Consejo y el Parlamento Europeo han cerrado un acuerdo en las primeras horas de este miércoles, que establece nuevas normativas diseñadas para prevenir la contaminación por pélets de plástico, una crisis medioambiental que dejó sus huellas en las costas gallegas a principios de 2024. Este avance llega gracias a las presiones de España, que logró incluir al sector marítimo en esta regulación, un aspecto que había quedado fuera del planteamiento original de la Comisión Europea.

El pacto provisional, que aún debe ser ratificado por los legisladores europeos, se aplicará a todas las entidades que manipulen más de cinco toneladas de pélets de plástico dentro de la Unión Europea, abarcando incluso a los transportistas de terceros países que gestionen este material.

Las nuevas normativas exigirán a los operadores la creación y puesta en marcha de un plan de gestión de riesgos para cada instalación que trabaje con pélets de plástico. Este plan incluirá mecanismos preventivos, de contención y limpieza de vertidos, adaptados a la capacidad y las características de cada operación.

Las grandes empresas que manejen más de 1.500 toneladas de pélets al año estarán obligadas a conseguir un certificado de un organismo independiente, lo que garantizará que operan bajo estándares rigurosos.

En cuanto a las pequeñas empresas, las obligaciones serán más accesibles. Estas dispondrán de un proceso de certificación simplificado, que se llevará a cabo cinco años después de que la normativa entre en vigor. Las microempresas y las que manejen menos de 1.500 toneladas al año solo necesitarán presentar una declaración de conformidad.

El acuerdo también estipula que los transportistas marítimos deberán asegurar que los pélets de plástico que transportan estén debidamente embalados y sellados, para resistir las exigencias del transporte. Asimismo, deberán proporcionar información clara sobre la carga y cumplir con solicitudes específicas sobre el estibado.

En el caso de que se produzcan vertidos, los transportistas, tanto de la UE como de países externos, estarán obligados a notificar de inmediato a los servicios de emergencia. Además, deberán adoptar todas las medidas necesarias para mitigar el impacto del incidentes y prevenir futuros problemas.

Para facilitar la implementación de estas normas relacionadas con el transporte marítimo, se ha acordado que su aplicación se inicie tres años tras la entrada en vigor del reglamento. Esto otorga un año adicional en comparación con las otras disposiciones, que deberán estar en marcha dos años después de su entrada en vigor.