En medio de una alarmante temporada de incendios en Galicia, el eurodiputado socialista Nicolás González Casares ha resaltado un preocupante informe del Tribunal de Cuentas de la Unión Europea, que revela fallos significativos en la gestión de la prevención de incendios en la región. Este documento destaca que desde 2018, se ha priorizado el gasto en prevención sobre la extinción, aunque la administración gallega parece aún no estar a la altura de la situación.

La información, que salió a la luz el 11 de junio de 2025, indica que la Xunta de Galicia solo planea realizar mantenimiento en menos de un tercio de los cortafuegos necesarios durante 2024, a pesar de que estos deben ser mantenidos cada tres años, tal como señala el informe. Este estudio especial se centra en cómo se ha utilizado la financiación de la UE para enfrentar los desafíos de los incendios forestales, así como en la preparación y restauración necesarias.

El análisis también subraya que tanto Galicia como Andalucía han registrado mayor inversión en la prevención de incendios en comparación con los fondos destinados a la respuesta y restauración. Esta situación, admitida por el propio informe, pone de manifiesto que las comunidades autónomas están intentando más que simplemente combatir las llamas.

En este contexto, González Casares ha utilizado la publicación del informe como evidencia de la inacción del gobierno de la Xunta: “No están asegurando la sostenibilidad de las medidas preventivas y se encuentran atrapados en un bucle de desinformación y propaganda”, comentó en un comunicado de prensa.

El eurodiputado subraya que el documento del Tribunal de Cuentas Europeo no solo critica la falta de intervención en los cortafuegos, sino que también resalta la dependencia de Galicia de la financiación de la UE. Este modo de operar expone un riesgo real, ya que sin estos fondos, las acciones preventivas podrían quedar suspendidas, amenazando la salud de los ecosistemas gallegos y la seguridad de sus ciudadanos.

González Casares expresa su preocupación al afirmar que la inacción del Gobierno gallego hindería la eficacia de las acciones financiadas con recursos europeos. "El Tribunal es claro al señalar que existe una excesiva dependencia de los fondos de la UE y una falta de un financiamiento estable", añade, recalcando que esta estructura pone a la comunidad en una situación vulnerable.

Por último, el eurodiputado recuerda que la responsabilidad sobre la política forestal y la prevención de incendios recae directamente en la Xunta de Galicia. "No se puede responsabilizar a Madrid o Bruselas; es el Gobierno del PP en Galicia quien debe asumir su papel en la planificación y el mantenimiento de estos trabajos", concluye con firmeza.