El futuro de la mina de litio en Doade, localizada en el municipio ourensano de Beariz, se perfila como un proyecto de gran relevancia para Europa, con la posibilidad de comenzar su extracción en 2028, si se otorgan las concesiones necesarias.

El proyecto ha sido catalogado como estratégico por la Comisión Europea, que ha decidido impulsar 47 iniciativas de extracción de materias primas críticas. Las autoridades gallegas, a través de la Consellería de Economía, han confirmado que Recursos Minerales de Galicia, una subsidiaria del grupo aragonés Samca, ha presentado una solicitud para la concesión de explotación en enero de 2025.

Si obtiene la aprobación, la empresa planea comenzar las primeras excavaciones y la construcción de la planta de procesamiento en 2026, lo que podría significar la creación de numerosos empleos y la contratación de proveedores locales para llevar a cabo las obras.

El calendario anticipa que, a partir de 2028, la mina comenzaría a extraer hasta 500.000 toneladas de litio anualmente, con una vida útil de 42 años y un plan de procesamiento que llevaría el mineral a puertos aledaños.

Este ambicioso proyecto abarcará una superficie de 13,6 hectáreas en terrenos comunitarios de montes, y se está llevando a cabo en una zona que incluye municipios de Ourense y Pontevedra, con la autorización para explorar más de 1.600 hectáreas hasta 2025.

La pegmatita, rica en litio, será el mineral principal a extraer, además de otros productos como la moscovita y feldespatos, utilizados en diferentes industrias, desde la fabricación de baterías hasta la cerámica y el vidrio.

Se prevé que la mina produzca anualmente 93.000 toneladas de concentrado de litio, utilizando métodos de procesamiento físico directamente en la boca de la mina. La inversión total del proyecto se estima en 120 millones de euros, de los cuales ya se han destinado 10 millones, con la expectativa de que genere alrededor de 320 puestos de trabajo.

Recursos Minerales de Galicia ha manifestado su intención de establecer un diálogo abierto con la comunidad local una vez se inicie el periodo de alegaciones, buscando integrar a comunidades de montes, asociaciones vecinales y administraciones locales en el proceso.

No obstante, el proyecto no está exento de controversia. Recientemente, diversas organizaciones, incluyendo el Sindicato Labrego Galego, han expresado su oposición a la mina, argumentando que su inclusión en el programa estratégico de la Comisión Europea podría acarrear serias repercusiones medioambientales y afectar los derechos de las comunidades locales.

Estas entidades han advertido sobre los peligros potenciales de contaminación y el impacto negativo en la biodiversidad debido a las prácticas de extracción, y han denunciado la falta de transparencia en el proceso de decisión.

Alertan que el reconocimiento del proyecto como estratégico podría permitir a la empresa evitar cumplir con ciertas normativas ambientales, facilitando así el proceso de apertura de la mina, mientras la comunidad permanece en un estado de incertidumbre.

Ante estos riesgos, la plataforma vecinal SOS Suído Seixo ha anunciado su intención de acudir a la Comisión Europea, buscando llevar el caso al Tribunal de Justicia de la Unión Europea, ya que consideran que dicho estatus podría legislar la licencia para contaminar y dañar los espacios naturales cercanos, por lo que demandan una revisión exhaustiva de la situación.