SANTIAGO DE COMPOSTELA, 15 de enero. En un giro que ha despertado la indignación de varios ayuntamientos gallegos, la Consellería de Política Social ha iniciado en 2024 una serie de expedientes administrativos contra nueve municipios por supuestos incumplimientos en la prestación del Servizo de Axuda no Fogar (SAF). Este conflicto ha sido calificado de "injusto" por la Federación Galega de Municipios e Provincias (Fegamp), que argumenta que la financiación de este servicio es deficiente tanto por parte de la administración autonómica como del Estado.

Los municipios afectados, que incluyen a Triacastela, Samos, Pedrafita, Folgoso, Rodeiro, Os Blancos, Punxín, Calvos de Randín y Valdoviño, han sido objeto de estos expedientes tras múltiples advertencias de la administración autonómica que, según indican las autoridades, no fueron atendidas debidamente.

Durante un desayuno informativo celebrado el miércoles en la sede de la Fegamp, su presidente, Alberto Varela, expresó el descontento generalizado entre los ayuntamientos que se enfrentan a sanciones por la falta de capacidad para ofrecer las horas necesarias del SAF. "Lo que está ocurriendo es frustrante. Los municipios, sin importar su signo político, comparten el mismo enfado. No tiene sentido sancionar a quien no puede cumplir con un servicio que no cuenta con la financiación adecuada", manifestó.

Varela subrayó que la normativa vigente estipula que tanto la administración autonómica como el Estado deben cubrir el 100% de los costos de este servicio esencial. Sin embargo, los ayuntamientos solo reciben 12 euros por hora, a pesar de que el coste real puede alcanzar los 25 euros. Además, la contribución de los usuarios es irrisoria, y esto pone en jaque la sostenibilidad del servicio.

Desde la Fegamp también advirtieron que los expedientes pueden acarrear multas que ascienden a 20.000 euros y destacaron un problema aún más agudo: la falta de personal cualificado para ofrecer el SAF. "Es imprescindible invertir en formación y atraer más profesionales dispuestos a dedicarse a este sector", añadió Varela.

Por otro lado, el presidente de la federación hizo hincapié en que no han logrado ser recibidos por la conselleira de Política Social, Fabiola García, ni por el ministro de Derechos Sociales, Pablo Bustinduy, a quienes han solicitado urgentemente una reunión para discutir la problemática financiera que enfrenta el SAF.

En respuesta a estas acusaciones, la Consellería de Política Social afirmó que ha cumplido con el pacto establecido con la Fegamp durante la pasada legislatura en relación a la financiación del SAF. Aseguraron que los nuevos presupuestos prevén un incremento sustancial de los fondos destinados a este programa por parte del Ejecutivo gallego.

Sin embargo, la Xunta también puso de relieve que el Gobierno central continúa sin contribuir con el 50% de la financiación necesaria en materia de dependencia, con una deuda acumulada que supera los 2.500 millones de euros. No olvidaron recordar que la conselleira había mantenido una reunión recientemente con el ministro, en la que se reclamó un cumplimiento de las obligaciones económicas, un alivio que el ministro condicionó a la aprobación de nuevos presupuestos.