El exalcalde de Santiago, Xosé Sánchez Bugallo, ha manifestado su apoyo a los concejales expulsados del PSOE y ha tomado la decisión de dimitir de su cargo como senador. Este significativo anuncio se produce en un contexto marcado por las tensiones internas de la formación política.

En un día en que los tribunales de Santiago presenciaron múltiples ceremonias nupciales, el PSOE local ha enfrentado su propio 'divorcio' en una vista judicial que involucraba a los concejales expulsados, quienes buscan medidas cautelares para evitar su exclusión del grupo municipal.

La sala del juzgado de instancia número tres fue el escenario donde se abordó la solicitud de los ediles Mila Castro, Mercedes Rosón, Gonzalo Muíños y Marta Álvarez, quienes intentan impugnar las decisiones de la Comisión Federal de Ética y Garantías que validaron su expulsión del partido.

Este conflicto ha llegado a los tribunales tras la presentación de una demanda el 17 de marzo por parte de los cuatro concejales, solo tres días después de que se les comunicara su expulsión por parte del PSOE.

La situación se agravó el 24 de junio de 2024, durante un pleno en el que los seis concejales del Grupo Municipal Socialista ignoraron directrices de su dirección al votar a favor de una propuesta del gobierno local, que buscaba regular las viviendas de uso turístico en la ciudad.

En esa misma jornada, la ejecutiva local tomó la decisión de cesar al jefe de prensa y a la jefa de gabinete del grupo, acción que Gonzalo Muíños se negó a ratificar, resultando en su suspensión de militancia por 18 meses. La votación sobre la regulación de las VUT culminó con un apercibimiento dirigido a todos los concejales.

Posteriormente, tres concejalas, además de Muíños, fueron expulsados por no asistir a una reunión clave que suponía un cambio de portavoz. Los expulsados argumentan que la convocatoria de dicha reunión fue inválida, mientras que otros dos concejales optaron por alinearse con la dirección del PSOE.

En los juzgados de Fontiñas, un equipo de la abogacía del PSOE, junto a Laura Requejo, secretaria de Organización del partido local, compareció como testigo, mientras que los concejales expulsados solicitaron la declaración de varios testigos, incluyendo al secretario municipal y otros miembros del partido.

El exalcalde Bugallo también testificó, al tiempo que explicó su dimisión del Senado por un sentido de "coherencia y responsabilidad", respaldando a los concejales electos como representantes de la voluntad popular manifestada en las urnas.

El abogado de los concejales, Evaristo Nogueira, argumentó tras la audiencia que las medidas cautelares solicitadas deberían ser aceptadas, ya que la expulsión "afecta al mandato representativo" que los ciudadanos les confirieron al votar.

Nogueira subrayó que los ciudadanos eligieron a un partido y a sus representantes, y que las expulsiones carecen de justificación. Además, advirtió que cualquier retraso en la resolución de la demanda podría limitar la participación política de los ediles afectados.

El abogado argumentó que la expulsión se basa en la ausencia a una reunión no convocada adecuadamente, donde la ejecutiva intentó designar un nuevo portavoz, algo que según él debería ser decidido exclusivamente por el Grupo Municipal Socialista.

Durante las declaraciones, Carmen Fernández Morante, exsecretaria de Organización, señaló que en los años que estuvo en el partido local la directiva no imponía instrucciones de voto, permitiendo la autonomía del Grupo. También mencionó una afiliación irregular detectada en el 10% del censo local tras las elecciones municipales de 2023.

Las declaraciones del jefe de prensa y la jefa de gabinete corroboraron que recibieron presiones en el contexto de las decisiones tomadas por la dirección del partido. Por su parte, la defensa del PSOE argumentó que el proceso se realizó de forma diligente y conforme a la normativa interna.

Con este escenario, el Ayuntamiento de Santiago se encuentra preparando un pleno extraordinario, donde se discutirán varios asuntos importantes, entre ellos, la posibilidad de que los cuatro concejales sean considerados como no adscritos. La alcaldesa Goretti Sanmartín ha indicado que se espera que se convoque esta sesión para la próxima semana, aunque la decisión judicial previa podría influir en su realización.