La Confederación Intersindical Galega de Ensino (CIG-Ensino) ha hecho un llamado enérgico a los docentes de Galicia para que se sumen a una manifestación programada para el próximo miércoles 25 de junio a las 12:00 del mediodía, frente a la sede de la Xunta en San Caetano, Santiago. La movilización busca rechazar los recortes en los derechos laborales y cuestionar las recientes directrices relacionadas con la "neutralidad ideológica" en las instituciones educativas.

La campaña, titulada 'Rectificar, recuperar, recoñecer', pretende que el sindicato, que representa a una gran parte del profesorado gallego, cierre el curso escolar con fuerza, dejando claro que si la Consellería de Educación, Ciencia y Universidad no realiza cambios necesarios, las protestas podrían continuar en septiembre.

Durante una conferencia de prensa reciente, Laura Arroxo, la nueva secretaria nacional de CIG-Ensino, acompañada por sus compañeros Diego Boquete y Marta Ferreiro, expuso las demandas del sindicato. En primer lugar, exigieron a la Xunta que reconozca y reponga los derechos laborales que han sido degradados desde 2009. Una de las reclamaciones más relevantes es la restauración del horario lectivo que existía antes de 2011, cuando se incrementaron drásticamente las horas de clase.

A pesar de que un acuerdo firmado en octubre entre la Xunta y otros tres sindicatos (CCOO, ANPE y UGT) anunciaba una reducción en la carga horaria, los cambios no han suficiente para llegar a los niveles previos a 2011. CIG-Ensino ha denunciado que este acuerdo, implementado durante la campaña electoral de febrero de 2024, utilizan el contexto para encubrir decisiones que, a su juicio, comprometen el futuro del profesorado.

Si bien la CIG reconoce que los docentes de Infantil y Primaria obtuvieron alguna mejora, estas no solo fueron limitadas, sino que, además, no vinieron acompañadas de un aumento en el número de personal necesario para cubrir adecuadamente las necesidades del alumnado. Arroxo ha señalado que la situación se agrava por la falta de cumplimiento en otros aspectos, como la disminución de ratios y el apoyo a estudiantes con necesidades educativas especiales.

La secretaria nacional también ha mostrado su descontento respecto al nuevo decreto de Formación Profesional, que fue presentado este lunes por la Xunta, advirtiendo que esta medida profundiza las deficiencias propias del modelo educativo: “Está llevando a la privatización y burocratización de un sistema que ya enfrenta serios desafíos.”

Además, Arroxo ha criticado la imposición del calendario escolar por parte de la Consellería, resaltando que había un consenso dentro de la comunidad educativa para iniciar las clases el 10 de septiembre, algo que no fue atendido. Según su argumento, comenzar el lunes 8 de septiembre deja escaso tiempo para que los profesores se preparen adecuadamente para el nuevo curso.

Otro punto de controversia son las instrucciones de inicio de curso, que según el conselleiro de Educación, Román Rodríguez, buscan garantizar la "neutralidad ideológica" en las aulas. Arroxo ha denunciado que este documento fue presentado sin la adecuada negociación con los sindicatos, y que busca implementar un control y censura sobre las actividades complementarias educativas.

Cuando se le preguntó sobre la posibilidad de recurrir a la justicia, Arroxo admitió que esto podría ser una opción si las instrucciones atentan contra las libertades del profesorado o exceden lo que establece la ley educativa actual, que ya protege dicha "neutralidad ideológica".