VIGO, 14 de junio. La sala de lo Penal de 3 de Vigo se prepara para un juicio que pone en el centro de la atención pública un caso alarmante de agresión sexual. Un joven se enfrenta a una posible condena de tres años de prisión tras ser acusado de haber realizado tocamientos indebidos a una mujer, utilizando una pistola de juguete para intimidarla.

Los hechos denunciados ocurrieron en la mañana del 14 de abril de 2024, cuando la víctima, que salía de casa para pasear a su perro, fue abordada por el acusado. Este se aproximó de manera sospechosa, simulando el gesto de pedir fuego para un cigarrillo, lo que generó instantáneamente un sentimiento de temor en la joven.

El temor de la joven la llevó a retroceder, pero el agresor la persiguió y, tras alcanzarla en una caída, la arrastró hacia un área menos iluminada de su edificio. En una situación de alta tensión, el agresor le mostró lo que parecía ser un arma, instándole a permanecer en silencio bajo amenazas no verbales.

Durante el ataque, el agresor realizó tocamientos inapropiados en las partes íntimas de la víctima, concomitantes a gestos obscenos que reflejaban la gravedad del abuso. La joven, abrumada por el miedo, simuló perder el conocimiento, lo que la llevó a recuperar una breve oportunidad para escapar y pedir ayuda.

Aunque el joven intentó continuar su acoso, la víctima logró entrar al edificio a través del portal, donde recibió asistencia de un vecino. Sin embargo, el atacante se dio a la fuga al percatarse de que la mujer se movía hacia un lugar seguro.

El acusado, que desde su nacimiento vive con sordera y dificultades de comunicación, presenta también características de desarrollo que implican un bajo nivel educativo y una inmadurez notable. Estas condiciones han llevado a la Fiscalía a plantear que su capacidad para comprender sus actos está significativamente alterada.

El objeto imitado en el ataque, aunque era una pistola de plástico, es descrito como similar a un arma real, lo que añade gravedad a los cargos de agresión sexual basados en violencia e intimidación. Ante esta situación, el ministerio público ha solicitado que se le imponga una pena de tres años de prisión, además de cuatro años de libertad vigilada. Asimismo, propone una inhabilitación de siete años para trabajar en profesiones relacionadas con menores y una prohibición de acercamiento a la víctima durante cinco años, junto con una indemnización de 4.000 euros por los daños morales sufridos.