La Asociación Empresarial Eólica (AEE) ha expresado su firme oposición a las recientes propuestas de la Xunta de Galicia, en particular a la iniciativa anunciada por la conselleira de Economía e Industria, María Jesús Lorenzana. Esta medida exigiría a los promotores del sector energético que establezcan acuerdos a largo plazo (PPA) con empresas gallegas, garantizando que al menos el 50% de la energía que produzcan se destine a ellas. La AEE califica esta obligación como una "expropiación de facto" y subraya su "rotundo rechazo".

En un comunicado emitido por la asociación, se sostiene que esta propuesta contraviene tanto la legislación del mercado eléctrico de la Unión Europea como las normativas de competencia y la ley del sector eléctrico vigente. La AEE advierte que cualquier intervención en un mercado que se caracteriza por su liberalización es un ataque directo a los derechos fundamentales de los ciudadanos tanto en Galicia como en el resto de España y Europa.

La patronal también critica duramente al Gobierno gallego por imponer la obligación de que los promotores vendan el 50% de su energía a empresas locales, señalando que esta medida podría tener repercusiones negativas serias para el crecimiento económico de la región e incluso resultar en un aumento en los precios de la electricidad para los consumidores locales.

Asimismo, la AEE alerta que, de materializarse esta propuesta, podrían desencadenarse sanciones en el ámbito internacional y activarse arbitrajes debido a la vulneración de acuerdos previamente establecidos. La organización enfatiza que una legislación autonómica no puede contradecir lo dispuesto por una ley estatal, ni mucho menos una ley europea.

En este sentido, la Asociación Empresarial Eólica anticipa que esta medida provocaría la ruptura de contratos ya establecidos entre los promotores y sus consumidores, lo que llevaría a una "judicialización" del sector. Esto es particularmente preocupante para aquellas compañías que ya han comprometido toda su energía a través de PPA con industrias hasta más allá de 2030.

Desde la AEE se hace un llamado a la necesidad de contar con un marco regulatorio estable y una seguridad jurídica que permita el desarrollo sostenible del sector. "Este nuevo anuncio agrava la inestabilidad que enfrentan las empresas", declaran, solicitando que se opte por el respeto y el cumplimiento de las leyes nacionales y europeas vigentes.

Aún sin saber si la Xunta aplicará estas obligaciones a los parques eólicos ya existentes, lo cual complicaría aún más la situación, la Asociación Empresarial Eólica advierte que esta supuesta expropiación implicaría no solo una violación de las leyes actuales, sino también la ruptura de contratos, un incremento en el precio de la electricidad, tensiones legales con inversores internacionales y la posibilidad de enfrentar sanciones impuestas por la Comisión Europea.

Recientemente, la AEE ya había expresado su preocupación ante la Xunta por una propuesta que consideraron "perjudicial": la repotenciación de parques eólicos, incluida en el proyecto de ley de acompañamiento a los presupuestos gallegos de 2025. Según la AEE, esta iniciativa introduce un "cambio de paradigma" que genera una gran "inseguridad jurídica".

La asociación subraya que esta fórmula "errónea" podría poner en peligro a 86 parques de más de 20 años de antigüedad en Galicia, que suman más de 2.000 megavatios de capacidad. Este enfoque, afirman, entra en conflicto directo con los principios básicos del ordenamiento jurídico existente.