La ciudad de Santiago de Compostela se prepara para una significativa movilización, ya que el Sindicato Libre de Trabajadores Aéreos (SLTA) ha anunciado una huelga indefinida que comenzará el 1 de julio. Esta acción afecta a Avincis Aviation España, la principal operadora de helicópteros de emergencias en el país, y tendrá un impacto directo en la operación de ocho helicópteros en Galicia, aunque se han establecido servicios mínimos que alcanzan el 100%.

El coordinador del SLTA, Enrique Durán, detalló que las aeronaves involucradas son dos de Gardacostas, bajo la Consellería do Mar, con bases en Vigo y Celeiro; dos de Salvamento Marítimo en Santiago y A Coruña; así como dos helicópteros de coordianción de incendios de la Consellería do Medio Rural en Silleda y Verín. Además, están incluidos dos helicópteros de la Brigada de Refuerzo en Incendios Forestales (BRIF) con sede en Laza, Ourense, que reporta directamente al Ministerio para la Transición Ecológica.

A pesar de que los servicios mínimos se mantienen, Durán subraya que estos no afectarán la operatividad del servicio, apuntando a que ya operan al mínimo durante todo el año. Esto hace que la lucha del sindicato no solo se ciña a salvar su salario, que ha estado estancado desde 2017 con una pérdida de poder adquisitivo del 25%, sino también a resaltar la falta de conciliación familiar que enfrentan los trabajadores. Sus horarios laborales se comunican con solo cinco días de antelación, lo que dificulta la planificación personal.

Este lunes, el Diario Oficial de Galicia ha confirmado los servicios mínimos fijados en el 100% para los helicópteros de Gardacostas de Vigo y Celeiro, lo que refleja la importancia que tienen estos servicios en la comunidad. La huelga, no solo se limita a Galicia, sino que es parte de un movimiento a nivel estatal en Avincis, la empresa anteriormente conocida como Babcock, que fue adquirida por el fondo británico Ancala Partners.

El sindicato lamenta que los profesionales que operan estos helicópteros de emergencias laboran más de 2.000 horas al año, lo que excede en un 20% el tiempo de otros grupos profesionales de emergencia, como los bomberos. Esto ha llevado al SLTA a acusar a la gerencia de priorizar los beneficios económicos del fondo Ancala sobre la calidad del servicio que ofrecen los trabajadores, advirtiendo que la situación actual podría llevar a la compañía al colapso. Tras meses de infructuosas negociaciones, la huelga se ha convertido en el único recurso viable ante lo que describen como un panorama de "bloqueos, engaños y humillaciones".