Un avance significativo se ha registrado en Galicia con la introducción de una nueva normativa que por primera vez establece un marco claro para abordar la crisis climática y fortalecer las redes de observación meteorológica en la comunidad. Este proyecto de ley, que busca su aprobación definitiva en el Parlamento antes de que finalice el año, establece obligaciones muy concretas para las administraciones públicas de Galicia.

A partir de la aprobación de la Ley del Clima, se obliga a la Xunta, a las diputaciones y a los municipios con más de 20.000 habitantes a integrar la perspectiva climática en sus planes de presupuesto anuales. La iniciativa incluye la designación de partidas específicas para "la adaptación y mitigación" del cambio climático en los presupuestos autonómicos, un paso fundamental para priorizar la lucha contra esta amenaza global.

El proyecto, al que ha tenido acceso Europa Press, estipula que los presupuestos deben presentarse junto a una memoria que detalle las inversiones en el marco del ‘Plan Rexional Integrado de Acción Climática’, así como la forma en que estas inversiones contribuirán a cumplir los objetivos climáticos establecidos por la ley. Esto representa un esfuerzo por asegurar que la financiación se alineé con la urgencia de hacer frente al cambio climático.

Además de las obligaciones presupuestarias, la norma pone un foco especial en la contratación pública 'verde'. En un plazo de un año desde su implementación, Galicia desarrollará un programa para incorporar criterios climáticos en los contratos públicos, lo que permitirá que las compras del gobierno tengan en cuenta el impacto ambiental. La huella de carbono será el criterio central a evaluar en este proceso, cuantificando las emisiones de gases de efecto invernadero asociadas a cada actividad, producto o servicio.

La normativa, además, busca incentivar al sector privado a adoptar medidas climáticas mediante la modificación de instrumentos fiscales. Se propone la creación de un Registro gallego de promotores de la neutralidad climática, donde la participación será voluntaria, y se espera que también los municipios ajusten sus herramientas fiscales en consonancia con estos objetivos.

El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, junto con la conselleira de Medio Ambiente, Ángeles Vázquez, han anunciado la implementación de un sistema voluntario de créditos de carbono. Este permitirá que empresas y ciudadanos compensen sus emisiones mediante la compra de créditos generados por proyectos que promueven la reducción de gases de efecto invernadero, como la reforestación y el uso de energías renovables.

Con la ambiciosa meta de lograr la neutralidad climática para 2040, la legislación se apoyará en tres pilares fundamentales, empezando por la 'Estratexia Galega de Cambio Climático'. Además, se potenciarán planes regionales y locales que guíen las acciones concretas cada cinco años para alcanzar los objetivos de sostenibilidad.

En un notable avance hacia la gestión de 17 de los 23 municipios gallegos que ya han formulado sus planes de acción climática, la ley también reconoce y articula estructuras ya existentes, como la Comisión Interdepartamental para el Impulso y Coordinación de la Estrategia Gallega de Cambio Climático, establecida en 2019.

La nueva normativa también incide en la creación de diversas herramientas de participación ciudadana y transparencia, incluyendo un Portal de Acción Climática y una Oficina de Cambio Climático que brinde apoyo técnico y seguimiento a la implementación de la estrategia.

Por primera vez, la ley establece un marco regulatorio para herramientas meteorológicas clave, como la Rede de Observación Meteorolóxica y Climatolóxica de Galicia, así como la Rede de Calidade do Aire, garantizando que todas las estaciones de medición cumplan criterios de calidad y mantenimiento adecuados.

Si bien la Xunta ha expresado su intención de reivindicar competencias meteorológicas al Estado, la nueva legislación se centra primordialmente en reforzar sus redes y servicios públicos para optimizar la recopilación de datos y mejorar la respuesta ante fenómenos meteorológicos extremos.

Finalmente, la ley contempla la elaboración y revisión periódica de proyecciones climáticas para Galicia, respaldadas por modelos matemáticos, así como la gestión de actividades diversas vinculadas a fenómenos meteorológicos riesgosos, reafirmando su compromiso con la protección civil y la seguridad de la población en situaciones de emergencia ambiental.