La Xunta de Galicia ha presentado una nueva medida fiscal que permitirá a los propietarios o usufructuarios de viviendas vacías deducir 500 euros en el tramo autonómico del IRPF. Esta acción busca incentivar el alquiler de inmuebles, pero la deducción estará condicionada a que el precio mensual de la vivienda, incluyendo sus anexos, no supere los 700 euros, lo que pretende hacer más accesible el mercado de alquiler para quienes lo necesiten.

Este anuncio fue hecho en el contexto de la ley de medidas fiscales y administrativas que acompaña a los presupuestos para 2025, mediante una enmienda registrada por el Partido Popular. La Xunta ha utilizado esta estrategia legislativa en varias ocasiones para modificar normas de forma simultánea en el Parlamento, lo que refleja su intención de abordar de manera integral el problema de la vivienda en la comunidad.

El presidente gallego, Alfonso Rueda, destacó la “máxima preocupación” que representa el acceso a la vivienda y reafirmó el compromiso de la Xunta de duplicar el número de viviendas públicas, aumentando el actual parque de 4.000 a 8.000. Rueda subrayó que, para acelerar este proceso, se implementarán deducciones en el impuesto de la renta, como se expresa en las enmiendas presentadas recientemente.

Además de la deducción por arrendamientos, se establecerán incentivos fiscales del 15% para quienes necesiten realizar obras de rehabilitación en una vivienda antes de ponerla en alquiler, según la enmienda popular. Este aspecto subraya la intención de la Xunta de facilitar que más inmuebles estén disponibles en el mercado de alquiler.

Las autoridades confían en que estas medidas conducen a un aumento del 3% en la oferta de arrendamientos, lo que traduciría a más de 1.000 viviendas en el mercado a corto plazo, con la proyección de que se destinen a alquiler ya para 2025. Esta lógica refleja un enfoque proactivo hacia la crisis de vivienda que enfrenta Galicia.

Adicionalmente, las enmiendas proponen innovaciones en la regulación de viviendas, incluyendo la posibilidad de equiparar locales comerciales transformados en viviendas, siempre que esto se formalice adecuadamente. Esta flexibilidad podría facilitar la conversión de espacios infrautilizados en hogares, contribuyendo a la oferta disponible.

No obstante, los nuevos propietarios de locales comerciales deberán cumplir ciertos requisitos, como presentar una comunicación de primera ocupación en un plazo específico y verificar que el inmueble cumple con las regulaciones necesarias para obtener deducciones fiscales. Estas condiciones son parte de un esfuerzo por asegurar que los beneficios se apliquen de manera justa y eficiente.

Las deducciones para adecuar inmuebles vacíos también están dirigidas a facilitar el acceso al alquiler. La Xunta establecerá una deducción del 15% sobre los gastos de mantenimiento y mejora que los propietarios lleven a cabo, incluyendo la obtención de certificados de eficiencia energética, lo que no solo beneficiará a los arrendadores, sino también a quienes buscan un hogar adecuado.

El límite de deducción se ha fijado en 9.000 euros por vivienda, con la intención de motivar a los propietarios a poner sus inmuebles vacíos en el mercado de alquiler. Sin embargo, existen criterios estrictos bajo los cuales se puede acceder a estos beneficios, garantizando que se dirigen a aquellos que realmente contribuyen a la oferta de viviendas en la región.

El alquiler de estas propiedades debe depender de una serie de condiciones adicionales, como el tiempo que la vivienda ha estado vacía y asegurar que el arrendatario no sea un familiar directo. Estas medidas buscan mantener la integridad de la política de vivienda y evitar abusos en el sistema.

El compromiso de la Xunta se extiende a una amplia gama de iniciativas, incluyendo bonificaciones en impuestos por actividades que favorezcan la construcción y rehabilitación de viviendas destinadas al alquiler. Esta estrategia busca no solo aumentar la disponibilidad de viviendas sino también incentivar una cultura de alquiler más responsable en Galicia.

Se espera que la Junta, apoyada en su mayoría absoluta, continúe introduciendo reformas para fortalecer el sector de la vivienda, al tiempo que confronta las limitaciones de la ley nacional que, según se denunció, no ha sido efectiva en abordar las zonas con alta tensión habitacional.

En este contexto, la titular de Vivenda ha instado al Gobierno central a revisar y modificar la legislación que actualmente se considera ineficaz. Las medidas impulsadas por la Xunta reflejan un enfoque proactivo y un deseo de mejorar las condiciones de vida de los gallegos en el ámbito habitacional.