El reciente desmantelamiento de una red criminal dedicada al fraude fiscal ha llevado a la detención de ocho personas, incluyendo a un empresario de Santiago de Compostela, que ahora enfrentan cargos ante la Fiscalía Europea.

El arresto, llevado a cabo el pasado martes por la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, se centra en un esquema que habría permitido a la organización eludir el pago de aproximadamente 69 millones de euros en impuestos relacionados con la venta de bebidas alcohólicas desde 2018 hasta 2024.

Fuentes cercanas al caso indican que las detenciones siguen a una serie de registros realizados en localidades clave como Santiago de Compostela, Madrid, Barcelona, Ibiza y Jerez de la Frontera, donde se buscaba recabar pruebas del entramado fraudulento. El empresario fue apresado en su hogar en la calle Algalia de Abaixo, donde los agentes realizaron una exhaustiva búsqueda que se extendió durante varias horas.

Este caso se ha enmarcado dentro de la denominada "Operación Gallagher", en la que entidades como la Guardia Civil y la Agencia Tributaria, bajo la supervisión de la Fiscalía Europea, han colaborado para desmantelar esta compleja red delictiva. La organización utilizaba depósitos fiscales en países como Holanda y Portugal para evadir impuestos en España, operando con impunidad durante años.

Los investigadores han rastreado la importación de significativas cantidades de alcohol desde diferentes Estados miembros de la UE hacia España, donde entraba en el mercado sin el pago correspondiente de tributos, lo que revela una sofisticación en la estructura de la organización. En total, se han identificado 93 empresas involucradas, con sedes en distintos países europeos.

Las indagaciones han mostrado que los líderes de esta organización, compuesta por tres españoles, se apoyaban en un sistema de testaferros, quienes operaban a nombre de distintas entidades para enmascarar su actividad delictiva y desviar las responsabilidades legales.

Los operativos realizados han resultado en la intervención de bienes valorados en varios millones, que incluyen cerca de 400.000 euros en efectivo, un yate, numerosos relojes y vehículos de lujo, así como la solicitud de embargo de 21 propiedades. Este esfuerzo conjunto de la UCO y la Agencia Tributaria ilustra la determinación de las autoridades para combatir el fraude y proteger los intereses financieros de la Unión Europea.