La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil ha sido convocada para profundizar en la adjudicación de diversas obras públicas mencionadas por el empresario Víctor de Aldama. Esta orden proviene del instructor del 'caso Koldo', Leopoldo Puente, quien ha encontrado indicios de posible delito en la actuación de la ex presidenta de ADIF, Isabel Pardo de Vera, relacionada con la contratación de Jéssica Rodríguez, pareja del ex ministro de Transportes José Luis Ábalos, en dos entidades públicas.

Puente ha solicitado que se envíen los hallazgos hasta el momento al juez Ismael Moreno de la Audiencia Nacional, quien se encargará de determinar si estos indicios justifican la imputación de Pardo de Vera. La investigación se centra en la contratación de Rodríguez en Ineco y Tragsatec, lo que ha llevado a Puente a concluir que la ex presidenta podría haber actuado de manera caprichosa en el proceso de selección.

En el contexto del 'caso Koldo', el Tribunal Supremo se había limitado a investigar aspectos directamente relacionados con Ábalos, dejando la mayor parte de la indagación en manos de la Audiencia Nacional. Por este motivo, el bloque sobre la contratación de Rodríguez ha sido remitido para su consideración por parte de Moreno.

Según Puente, existen fundamentos suficientes para pensar que Pardo de Vera puede haber influido significativamente en lo que él describe como una contratación potencialmente irregular. Se señala que durante su contrato, Rodríguez, la persona involucrada, no habría realizado ninguna actividad laboral relevante.

Además, el magistrado ha instruido a la UCO a rastrear la adjudicación de las obras públicas que aparecen subrayadas en los documentos presentados por De Aldama. Se busca identificar las empresas ganadoras de estas licitaciones y asegurar que se haya seguido un procedimiento adecuado en su adjudicación.

Esta acción se lleva a cabo tras la conclusión de una pericial caligráfica que determinó que las anotaciones manuscritas referidas a los contratos eran efectivamente del ex asesor de Ábalos, Koldo García. Por otra parte, Puente ha programado una serie de comparecencias para el próximo 6 de mayo, entre ellas la de Claudia Montes, otra ex pareja de Ábalos, y César Moreno, socio de De Aldama.

Sobre Montes, Puente indica que su citación se debe a posibles irregularidades en su contratación por Logirail, donde podría haber sido favorecida por la influencia de Ábalos y el involucramiento de García, quienes formarían parte de un círculo cercano al ex ministro. En el caso de Moreno, la cita responde a su posible conocimiento sobre pagos mensuales presuntamente vinculados a De Aldama y Koldo.

En cuanto a la solicitud de que testifique el actual ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, Puente ha determinado que no es relevante para la investigación. La defensa de Ábalos había planteado esta posibilidad debido a la relación del Ministerio con su empresa durante la pandemia, pero el magistrado no encontró fundamento alguno que justificara esta línea de investigación o la interrogación de otros funcionarios, lo que da cuenta de la dirección que toma el caso.