En Santiago de Compostela, el Pleno del Tribunal Constitucional se ha vuelto a reunir esta semana para abordar por segunda vez el recurso de inconstitucionalidad presentado por el Gobierno central contra varios aspectos de la ley gallega de litoral, que se encuentra parcialmente suspendida. Sin embargo, la decisión ha vuelto a ser postergada debido a su complejidad jurídica y técnica.

Esta semana, el TC ha examinado detenidamente el recurso, pero ha decidido postergar su decisión para el próximo Pleno del Constitucional. Se destaca la importancia de esta resolución sobre la Ley 4/2023 de ordenación y gestión integrada del litoral de Galicia, ya que podría sentar un importante precedente, lo que requiere un análisis minucioso y exhaustivo.

En julio de 2023, el Parlamento de Galicia aprobó la nueva ley del litoral con el apoyo del PP y la abstención del BNG y PSdeG, que incluye la transferencia de competencias en la gestión del espacio marítimo terrestre a la Xunta.

El Gobierno gallego argumenta que estas competencias están establecidas en el Estatuto de Autonomía, mientras que el Gobierno central sostiene que la ley "invade competencias estatales" en diversos ámbitos, llegando incluso a incorporar de forma unilateral el mar al territorio autonómico.

En noviembre de 2023, el Constitucional admitió a trámite el recurso del Gobierno central, que alega que la ley gallega "se apropia de competencias exclusivas del Estado para regular el dominio público marítimo terrestre", siguiendo la doctrina previa del Tribunal Constitucional al respecto.

El Ejecutivo central impugnó 31 artículos de la ley, representando un 40% de la norma, respaldado por el Consejo de Estado al considerarlos inconstitucionales. Sin embargo, según la vicepresidenta segunda de la Xunta y conselleira de Medio Ambiente, Ángeles Vázquez, solo el 15% de la ley está en disputa.

La Xunta acusa al Gobierno de atacar la costa gallega, poniendo en peligro más de 4.000 edificaciones y más de 100 empresas en la región.