En una votación celebrada a puerta cerrada, el Pleno del Senado, contando con el apoyo del Partido Popular, ha aprobado de manera definitiva la autorización para que el Tribunal Supremo pueda llevar a cabo un procedimiento penal contra el senador José Manuel Baltar. Este senador del PP está siendo acusado de cometer un delito contra la seguridad vial, presuntamente por conducir a una velocidad de 215 kilómetros por hora en la autovía A-52.
La decisión de suspender el aforamiento del senador gallego del PP y expresidente de la Diputación de Ourense fue tomada por el Senado, permitiendo así que el Tribunal Supremo inicie el procedimiento para juzgarlo por el citado delito.
La solicitud de suplicatorio al Senado fue realizada por la Sala de lo Penal, luego de que la magistrada instructora de la investigación, Ana Ferrer, elevara una exposición razonada en la que se alegaban indicios suficientes de delito que requerían la suspensión de la inmunidad parlamentaria de Baltar para proceder penalmente.
Tras analizar el caso, el tribunal decidió mantener en pausa las actuaciones relacionadas con el senador mientras el Senado resolvía sobre la autorización solicitada, proceso que finalmente se ha completado este miércoles.
La magistrada Ferrer estimó pertinente proceder contra Baltar tras determinar que, incluso aplicando un margen de error del 5% establecido por la normativa en relación con los radares, la velocidad registrada superaba ampliamente el límite permitido en la autovía, lo que constituiría un delito contra la seguridad vial.
La juez consideró que, dado el cargo de senador de Baltar, era imperativo solicitar la autorización del Senado para avanzar en el proceso judicial. Aunque el senador ya había sido sancionado administrativamente por este hecho -con una multa y la pérdida de puntos del carné-, la juez insistió en que esto no impedía la actuación penal por parte del Tribunal Supremo.
La investigación se inició después de que el Supremo recibiera el testimonio de juicio rápido y las diligencias urgentes de los juzgados de Zamora y Puebla de Sanabria, a raíz de un atestado de la Guardia Civil que señalaba un supuesto delito contra la seguridad vial cometido por el senador Baltar.
A pesar de las declaraciones del senador negando la velocidad registrada, la magistrada solicitó información detallada a la Guardia Civil sobre los radares utilizados y el proceso de multas, así como la ubicación exacta del radar que detectó al senador circulando por encima del límite de velocidad.
Este incidente, que ocurrió en abril de 2023, llevó al Ministerio Fiscal a acusar a Baltar de un delito contra la seguridad vial, solicitando una multa y la privación del derecho a conducir vehículos a motor. El caso fue remitido al Tribunal Supremo después de que se confirmara la condición de senador del acusado.
El PSOE ha expresado su malestar a través de declaraciones de su senador Rafael Rodríguez Villarino, cuestionando la responsabilidad del PP en este asunto. Se han planteado dudas sobre la designación de Baltar como senador por parte del PP, dando lugar a críticas hacia el partido y su liderazgo en Galicia.
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