En un contexto de creciente tensión política, el grupo del BNG y PSdeG intentaron, sin éxito, convocar a figuras relevantes como la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, y el expresidente gallego Alberto Núñez Feijóo. Sin embargo, el Partido Popular (PP) ejerció su mayoría absoluta para rechazar esta iniciativa, alegando que el Parlamento no debería convertirse en un "Sálvame nacionalista".

Este viernes, el PP aprobó, sin la participación de otras fuerzas, el plan de trabajo de la comisión de investigación que había propuesta el BNG. Esta comisión indagará en los contratos de la Xunta durante la pandemia, el controvertido modelo de financiación del Hospital Álvaro Cunqueiro de Vigo, y las licitaciones con diferentes empresas, incluida Eulen.

Finalmente, se llevarán a cabo 39 comparecencias, destacando la cita del actual presidente de la Xunta, Alfonso Rueda. Sin embargo, se ha desestimado la inclusión de su predecesor, Alberto Núñez Feijóo, así como de sus familiares, como la oposición había solicitado.

El plan de trabajo estipula la comparecencia del actual presidente catalán, Salvador Illa, quien ocupó el cargo de ministro de Sanidad al inicio de la crisis sanitaria; así como de todos los conselleiros de Sanidade desde el 2005, la conselleira de Política Territorial del gobierno bipartito, María Xosé Caride, y los responsables de Facenda desde 2009.

A la lista se suman el secretario xeral de la Asesoría Xurídica de la Xunta, Manuel Pillado, y altos funcionarios del Consello de Contas y el Sergas, además de antiguos cargos de la Administración durante el bipartito, como el ex director xeral de Xuventude, Rubén Cela, reconocido miembro del BNG.

El proceso de aprobación del plan de trabajo, que incluye una solicitud de 118 documentos, se llevó a cabo tras un receso de media hora y luego de que diversas voces de los grupos parlamentarios expresaran sus posiciones. Las expectativas de llegar a un consenso parecían mínimas desde el inicio de las intervenciones.

Durante el receso, se llevaron a cabo conversaciones entre representantes de distintas formaciones, como el portavoz del PP, Alberto Pazos, junto al diputado Roberto Rodríguez, y la líder del BNG, Ana Pontón, en compañía de Luís Bará. Las socialistas Patricia Iglesias y Elena Espinosa también participaron. Se esperaba la asistencia del secretario xeral del PSdeG, José Ramón Gómez Besteiro, quien finalmente decidió concentrarse en su agenda en Valdeorras.

Después de este parón, se realizaron cuatro votaciones: cada grupo presentó su plan y la mesa de la comisión votó el del PP sin modificaciones. El único que logró ser aprobado fue el elaborado por el PP, que recibió la abstención del PSdeG en la primera votación y un 'no' en la segunda.

Las quejas de la oposición no se hicieron esperar. El diputado del BNG, Luís Bará, denunció que la convocatoria de la comisión se llevó a cabo por un trámite de urgencia, lo que llevó a su partido a presentar un escrito de impugnación que fue desestimado por la presidenta de la comisión, Elena Candia, del PP. Ella argumentó que los servicios jurídicos habían informado que dicho documento carecía de efectos suspensivos.

Elena Espinosa, del PSdeG, también levantó la voz al reclamar el informe jurídico que justificó las decisiones tomadas por la presidenta de la comisión respecto a las normas de funcionamiento, rechazando la propuesta de la oposición de que las decisiones se tomaran por mayoría cualificada en lugar de sólo mayoría absoluta.

Espinosa enfatizó que su grupo no cuestionaría las designaciones del PP, independientemente de su conexión con los hechos, expresando su deseo de mantener la transparencia. Sin embargo, alertó sobre la aparente intención del PP de imponer decisiones que, a su parecer, equivaldrían a "poner al lobo a cuidar de las ovejas".

En respuesta, Ana Pontón, portavoz nacional del BNG, acusó al PP de estar “boicoteando” las funciones de la comisión y de temer a la transparencia, afirmando que estaban sobrepasando los límites legales para obstruir el proceso.

Pontón defendió la inclusión no sólo de Feijóo, sino también de Micaela Núñez Feijóo, quien ha estado vinculada a Eulen, una empresa que ha recibido numerosos contratos durante la última década. Además, hizo alusión a las comisiones percibidas por la pareja de Ayuso en relación con la venta de material sanitario durante la pandemia, y cuestionó por qué Illa debía comparecer en lugar de Feijóo, tildando esa decisión de "falta de respeto hacia los ciudadanos gallegos y la democracia".

Alberto Pazos, portavoz del PP, desestimó las acusaciones sobre un intento de veto a las propuestas de otros partidos. Argumentó que si no se llegaba a un acuerdo, el PP se vería “obligado” a promover su propio plan. También criticó que el BNG no hubiese solicitado la comparecencia de nadie del Consello de Contas, sugiriendo que el enfoque de la oposición buscaba convertir la comisión en un espectáculo mediático.

En este sentido, Pazos comparó la situación con un “Sálvame nacionalista” por el interés del BNG en citar a figuras del entorno de Feijóo y Ayuso. Recordó que Pontón tuvo más de una década para interrogar a Feijóo respecto a los temas en cuestión y que el verdadero problema de corrupción reside en el Gobierno de España y su actual presidente, Pedro Sánchez, en alusión a los asuntos legales que involucran a su familia.

El secretario xeral del PSdeG, José Ramón Gómez Besteiro, se pronunció desde O Barco de Valdeorras tras la aprobación del plan de trabajo, lamentando que se confirmaron sus sospechas sobre la falta de voluntad del PP para que la comisión de investigación avanzara. Criticó lo que consideró una “burla” a la transparencia, al tiempo que destacó las reuniones a escondidas que mantuvo el PP con el BNG, lo que contradice la voluntad de un procedimiento claro y abierto.