El Gobierno español, enfrentando la consulta de la oposición, ha anticipado la posibilidad de que su nueva ley de reforma judicial facilite la especialización de jueces en áreas críticas, como la violencia de género, así como la ampliación de plazas sin tener que crear nuevos juzgados. Esta afirmación se dio a conocer en el contexto de una cuestión planteada por el Partido Popular (PP) en el Senado, donde se debatió la necesidad de más juzgados especializados en toda Galicia, más allá de los ya existentes en Vigo y A Coruña.

En una comunicación fechada el 15 de noviembre, que ha sido difundida por Europa Press, el Ejecutivo dejó claro que, aunque no planea específicamente la creación de cinco nuevos juzgados en ciudades como Santiago, Lugo y Ourense, su proyecto de Ley de Eficacia Organizativa del Servicio Público de Justicia tiene como objetivo esencial mejorar y modernizar el sistema judicial. Este proyecto se encuentra actualmente en fase de tramitación parlamentaria y busca reemplazar los juzgados de primera instancia por tribunales de instancia más eficientes.

El Gobierno enfatiza que esta reforma será un paso vital para ofrecer un servicio más ágil y adaptado a las necesidades de la ciudadanía. Se prevé que, mediante esta transformación, se pueda incrementar el número de plazas judiciales conforme a la carga de trabajo y la actividad en cada partido judicial, sin la necesidad de establecer nuevos juzgados que incrementen la burocracia.

Además, la reforma tiene el potencial de optimizar la distribución de las cargas laborales entre los jueces y fomentar una especialización más pertinente, asegurando que determinados jueces dentro de cada tribunal se enfoquen en asuntos delicados como la violencia machista, o en otras áreas que requieran alta especialización.

La pregunta del PP surgió como respuesta a una solicitud que se ha intensificado en Galicia, respaldada por la Xunta y el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG), donde las víctimas de violencia de género requieren un acceso más digno y eficaz a la justicia. La demanda incluye la creación de nuevos juzgados en diversas ciudades gallegas, con el objetivo claro de proporcionar un trato más humano y profesional a quienes sufren violencia machista.

En su respuesta, el Gobierno ha recordado que la creación de nuevas unidades judiciales debe seguir un procedimiento establecido por la ley, que comienza con una solicitud formal del Ministerio de Justicia. Esta inicial solicitud es seguida por el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), que lleva a cabo una evaluación de las necesidades específicas de cada territorio, contemplando aspectos como la disponibilidad de presupuesto y de espacio para implementar nuevas estructuras.

En el caso particular de Galicia, el Ejecutivo ha destacado que desde 2019 se han creado un total de 15 unidades judiciales, y para la programación judicial de 2023 se han autorizado tres nuevas plazas: un magistrado para la Audiencia Provincial de A Coruña, una plaza destinada a la sección civil de la Audiencia de Pontevedra en Vigo, y el Juzgado de Primera Instancia número 16 en A Coruña.

Asimismo, el Gobierno ha indicado que hace apenas unos meses, el 28 de junio de 2023, la Xunta emitió un dictamen favorable en el que expresaba su acuerdo con la creación de estas tres nuevas unidades, lo que pone de manifiesto la colaboración entre distintas instituciones para avanzar hacia un sistema judicial más eficiente y sensible a las necesidades de la ciudadanía gallega.