24h Galicia.

24h Galicia.

El exalcalde de Ponteceso, José Luis Fondo, sentenciado a 8 años y medio de inhabilitación por prevaricación administrativa.

El exalcalde de Ponteceso, José Luis Fondo, sentenciado a 8 años y medio de inhabilitación por prevaricación administrativa.

La Audiencia Provincial de A Coruña ha emitido una sentencia condenando al exalcalde de Ponteceso, José Luis Fondo, del Partido Popular, a 8 años, 6 meses y 1 día de inhabilitación para cargos públicos. El exalcalde ha sido declarado culpable de prevaricación administrativa, pero ha sido absuelto del cargo de fraude a la administración pública. El otro acusado, responsable de la empresa involucrada, ha sido absuelto de todos los cargos.

Según el informe fiscal presentado durante el juicio, durante el mandato de Fondo entre 2012 y 2015, el Ayuntamiento se vio obligado a ajustar constantemente su presupuesto debido a la generación de numerosas obligaciones económicas, lo cual perjudicó las finanzas municipales. A pesar de conocer esta situación financiera, el exalcalde emitió órdenes en 2014 y 2015 para llevar a cabo obras que incumplían la normativa de contratación, a sabiendas de su ilegalidad y de los reparos realizados por los órganos de gestión municipal.

La sentencia no ha confirmado la existencia de sobrecostes en las obras adjudicadas, aunque reconoce que existe una duda razonable sobre este punto en las facturas analizadas por los peritos. Sin embargo, sí ha concluido que hubo prevaricación administrativa, ya que el exalcalde incumplió el procedimiento de contratación establecido.

El fallo destaca que las contrataciones se realizaron de forma verbal y arbitraria, sin seguir ningún procedimiento establecido y sin justificación plausible, lo que contradice el quehacer administrativo. Además, las declaraciones de los acusados y testigos, así como las pruebas documentales, han dejado claro que las contrataciones se llevaron a cabo de forma unilateral y al margen de la legislación administrativa.

En cuanto al supuesto fraude, no se ha podido demostrar que el exalcalde se haya concertado con el otro acusado para defraudar al Ayuntamiento. Esto se debe, en parte, a la falta de pruebas que confirmen los sobrecostes en las obras.