24h Galicia.

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El BNG solicita a la Xunta incrementar el financiamiento para el servicio de atención domiciliaria ante una crisis urgente.

El BNG solicita a la Xunta incrementar el financiamiento para el servicio de atención domiciliaria ante una crisis urgente.

En Santiago de Compostela, Olalla Rodil, portavoz de Política Social del BNG en el Parlamento de Galicia, ha hecho un llamado urgente a la Xunta para que aumente "de manera inmediata" la financiación destinada a los ayuntamientos para el Servicio de Ayuda a Domicilio (SAF). Esta solicitud incluye elevar el costo a 17 euros por hora, con el objetivo de alcanzar progresivamente los 20 euros en un futuro próximo.

Rodil ha señalado que la situación es insostenible, destacando que las consecuencias de este escenario adverso recaen sobre las personas dependientes y las trabajadoras del SAF. En un mensaje de audio enviado a los medios, subrayó que los municipios se ven obligados a cubrir casi el 50% de los costos, una carga que consideran injusta y que no debería corresponderles.

La representante nacionalista critica al Partido Popular por haber mantenido a los ayuntamientos en la incertidumbre durante casi dos años, prometiendo un financiamiento que nunca se concreta. Además, acusó al Gobierno gallego de reducir el presupuesto a través de modificaciones de crédito y de reemplazar el servicio por "ayudas asistencialistas", refiriéndose en particular al Bono Cuidadores.

Como parte de su propuesta, el BNG exige que la Xunta aumente la financiación "de manera inmediata", con efecto retroactivo desde el 1 de enero de 2025, comenzando con 17 euros por hora y proyectando una subida a 20 euros en el siguiente año. Rodil recordó que el Gobierno de Rueda solo aporta 12 de los 23-24 euros que realmente cuesta ofrecer este servicio vital.

Rodil también instó al Gobierno central a cumplir con la Ley de Dependencia, exigiendo que aporte el 50% de la financiación necesaria para el SAF. Además, resaltó la alarmante pérdida de aproximadamente 1.700 usuarios del servicio en 2025, según datos del Imserso, lo que refleja un sistema en crisis. Las listas de espera siguen creciendo, mientras las trabajadoras del SAF enfrentan condiciones laborales precarias bajo un convenio colectivo que ha expirado desde hace más de diez años.