VIGO, 16 de enero. La Fiscalía ha solicitado una dura sanción de 11 años y medio de inhabilitación para Óscar Martínez, exconcejal del Partido Socialista en Baiona (Pontevedra), en el marco de un caso que indaga en la posible prevaricación cometida durante su gestión. Se le acusa de haber adjudicado de manera irregular obras de mejora en caminos vecinales, saltándose los protocolos administrativos establecidos, todo mientras formaba parte del gobierno municipal de la localidad. Aunque Martínez pasó recientemente a la oposición tras las elecciones de 2023, presentó su renuncia a su cargo por razones personales hace algunos meses.

El juzgado que se encargará de estos acontecimientos se ubicará en la sección quinta de la Audiencia Provincial de Pontevedra, en Vigo, y su juicio está programado para este martes.

De acuerdo con la información de la Fiscalía, Martínez se desempeñó como concejal de Vías y Obras entre 2019 y 2023, bajo la dirección del alcalde socialista Carlos Gómez Prado. Desde 2022, también asumió el área de Urbanismo, aumentando así su responsabilidad en la gestión municipal.

Las acusaciones apuntan a que, pese a carecer de competencias para llevar a cabo contrataciones, a principios de 2023 contactó a una constructora con el fin de encargarles mejoras y trabajos de hormigonado en varios caminos rurales de Baiona, específicamente en las áreas de Baredo, Camiño Lugar da Ponte y Carballo.

En febrero, la constructora presentó un presupuesto que ascendió a 38.115 euros, y poco tiempo después, Martínez aceptó la oferta mediante un correo electrónico. Sin embargo, en abril, cuando la empresa trató de presentar las facturas correspondientes a las obras realizadas ante la Intervención municipal, el Ayuntamiento se negó a realizar el pago, argumentando que no existía un contrato formal. Esto obligó a la constructora a recurrir al sistema judicial para reivindicar sus derechos.

La Fiscalía resalta que Óscar Martínez llevó a cabo estas contrataciones sin la debida autorización, omitiendo el expediente administrativo que debía ser iniciado y ignorando por completo el procedimiento necesario para los contratos menores. En consecuencia, la Fiscalía insta a que sea condenado por prevaricación con una inhabilitación de 11 años y medio para ejercer cualquier tipo de cargo o empleo público.